El Departamento de Educación va a llevar ante la Fiscalía a ciertas empresas operadoras que prestan el servicio de transporte escolar por la actuación “ilícita” en la que habrían incurrido para “manipular” al alza los precios del mercado de este servicio esencial para miles de estudiantes y sus familias. Así lo ha anunciado el consejero Jokin Bildarratz en una rueda de prensa de urgencia ante las “sospechas”, de las que ya se ha informado a la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), de que parte del sector estaría operando a modo de cártel para inflar el precio de las 467 rutas escolares, de las cuales el 70% han quedado desiertas. Son todas las rutas de Bizkaia y gran parte de las de Araba. No obstante, el autobús está garantizado esta vuelta al cole. 

Mientras los Servicios Jurídicos del Departamento de Educación tramitan la denuncia ante Fiscalía, previsiblemente la próxima semana, el consejero Bildarratz ha cursado ya una Orden de ejecución forzosa del transporte escolar para “garantizar el servicio cara al inicio de curso, eso es lo fundamental”, ha dicho. Se trata de un acto ejecutivo que entrará en vigor en el momento en el que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). A través de esta Orden se persigue que las rutas de transporte escolar que no se hayan asignado a ninguna empresa sean cubiertas por las compañías de transporte que venían prestando el servicio el curso pasado. “En aquellos itinerarios sin el servicio garantizado, serán las empresas que venían prestando el servicio el curso pasado quienes deberán cubrir dicha necesidad”, ha señalado Bildarratz. Así, Educación, abonará el coste real de cada empresa de transporte y se le aplicará un beneficio industrial del 6%, tal y como establece la legislación vigente.

ANTECEDENTES

Acompañado por el director de Régimen Jurídico y Servicios, Eneko Goenaga, y por la directora de Gestión Económica del Departamento de Educación, Ane Urkiola, el consejero ha explicado los antecedentes y los motivos que han llevado al Gobierno vasco a emprender acciones legales contra el sector del transporte escolar, ante la amenaza de un inicio de curso sin servicio. En este sentido, Bildarratz ha informado de que coincidiendo con el inicio de 2023, Educación activó un nuevo concurso público, en el que un buen número de rutas se ofertaban “con un incremento económico” con respecto al curso anterior. Una vez finalizado el periodo para presentar ofertas, “vimos con sorpresa que la mayoría de los itinerarios quedaron desiertos en Bizkaia y en Araba. Incluso en rutas escolares con un incremento económico importante”, ha afirmado.

Ante ese hecho, el Departamento de Educación comunicó a todas las empresas que, con el objetivo de garantizar el transporte escolar, les ofrecían la posibilidad de que, en aquellos itinerarios que quedaron desiertos, las empresas pudieran seguir prestando el servicio de transporte que ya llevaron a cabo el curso pasado, en las mismas condiciones económicas. Y es en este punto “donde se produce un hecho difícil de entender”, según Bildarratz, ya que prácticamente todas las rutas de Gipuzkoa se han adjudicado, mientras que en Araba tan solo se han adjudicado unas pocas y ni una sola en Bizkaia.

El titular de Educación ha resumido así la situación: “el transporte está resuelto en Gipuzkoa, y no así en Araba y en Bizkaia. Y sinceramente, no entendemos ese hecho, cuando los criterios son los mismos para los tres territorios”. Además, el Departamento ha identificado “posiciones sin sentido, sin lógica económica: hemos subido precios en algunas rutas y no hemos recibido ofertas, y posteriormente algunas empresas han aceptado ofrecer ese servicio con las condiciones del curso anterior, en algunos casos condiciones económicas más bajas”, ha señalado Bildarratz.

INDICIOS DE DELITO

Es por esto, ha dicho, que “nos encontramos ante un hecho que nos hace sospechar. Tenemos sospechas con la actuación de algunas empresas. Por ese proceder tan extraño… y porque hemos recabado información que nos hace pensar que algunas empresas están actuando de un modo ilícito”. Esta forma de actuar hace pensar a Educación que “se está produciendo una concertación entre las empresas. Que están acordando cómo actuar, para obtener un mayor beneficio de la Administración”. Es una práctica que, de confirmarse, “estaría manipulando las condiciones económicas del servicio”, ha asegurado el consejero.

Bildarratz ha añadido que desde el primer momento en el que empezaron a detectar “algunos elementos extraños”, Educación se puso en contacto con la Autoridad Vasca de la Competencia, con la que estan colaborando y remitiendo la información que solicita. Pero, además, Bildarratz anunció que, ante “los indicios de delito” que han detectado “vamos a remitir toda esta información a la Fiscalía. Espero que lo podamos hacer a lo largo de la semana que viene”.