Preocupado por el idioma y el encaje que pudiera tener en una sociedad tan diferente a su Tánger natal, la sorpresa fue comprobar que en realidad las dificultades iban a venir por donde menos lo esperaba. Cuando Yahya Aaboud llegó a Gipuzkoa, en septiembre de 2019, no tuvo ningún problema de integración. Fue a la hora de buscar una vivienda de alquiler cuando se levantó un muro, teniendo los medios económicos para ello. “Siempre te dicen que te vamos a llamar, pero nunca lo hacen. He hecho una labor casi policial para demostrar que no nos alquilan pisos por ser de fuera”, desvela este marroquí de 29 años, que reside con su familia en el barrio de Beraun de Errenteria.
La federación estatal de SOS Racismo publicó el jueves su último informe, en el que se recogen 740 actos racistas durante el año pasado -un 41,49% más- de los que la mayor parte tienen que ver con conflictos y agresiones, así como casos de denegación de acceso a prestaciones y servicios, tanto públicos como privados. Este último supuesto encaja con el quebradero de cabeza de la familia Aaboud.
“Mis padres y mis hermanos llevaban casi tres años viviendo en el barrio de Agustinas de Errenteria cuando llegué yo a Gipuzkoa. En 2020 falleció la dueña de la vivienda. Los herederos nos mandaron entonces una carta diciendo que debíamos dejar el piso”, rememora el marroquí. Se pusieron manos a la obra.
“Lo hicimos por agencias, por internet, a través del Idealista. Iniciamos una búsqueda activa como cualquier otra familia. Nos gustaba mucho el barrio de Agustinas y contábamos con un presupuesto de unos 800 euros mensuales”, cuenta el joven, que actualmente trabaja en Ventas de Irun. Por aquel entonces, la situación era bien distinta, puesto que el único sueldo era el de su padre camionero, con cinco hijos estudiantes.
Amenaza con ir a los tribunales
Al menos, contaban con un plazo para buscar una solución ya que, pese a las dificultades, el contrato tenía una vigencia de cinco años, según establece la Ley de Arrendamientos Urbanos.
O al menos, eso entendía la familia, hasta que “los herederos amenazaron con ir al juzgado”. En esa carrera contrarreloj, Aaboud se puso en contacto con la enésima agencia, cuya empleada pidió visitar al piso. “Lo hizo con la dueña de la nueva vivienda que queríamos alquilar, para ver en qué condiciones vivíamos. Les dejamos entrar. Estuvieron viendo las habitaciones y el baño. Finalmente nos dijeron que tenían otro inquilino”. A partir de ese momento, la familia supo que sólo les iban a ofrecer pisos que el resto no quería, “sucios y en malas condiciones”.
Aunque por ley los propietarios del piso no tienen por qué acceder a la vivienda que tienen alquilada, también les abrieron las puertas a los herederos. “Les explicamos la situación. Les dijimos a ver si podían ponerse en contacto con la agencia para hacerles ver que siempre cumplíamos con los pagos. De nada sirvió. A partir de ahí, comenzaron a entrar en más ocasiones en el piso y, de alguna manera, nos sentimos maltratados”, reconoce Aaboud. Más aún cuando comenzaron a extenderse los rumores por el barrio de que eran poco menos que unos ocupas.
La familia se puso en contacto con los Servicios Sociales de Errenteria, que les trasladó que estaban haciendo lo correcto y se comprometieron a buscar una solución mediante un intermediario. Aaboud se puso en contacto con un abogado. “Los propietarios están en su derecho, porque es su piso, pero vosotros estáis en una situación crítica y os deberían dar un plazo de uno o dos meses”, le trasladó.
Dadas las dificultades de encontrar una vivienda, subieron la renta mensual disponible a 900 euros. “Encontré un piso que nos gustó en Irun por 950. Queríamos ir a visitarlo, y para agilizar el trámite mandé toda la documentación necesaria. A las horas recibimos la negativa por respuesta: al parecer, el propietario ya tenía otro inquilino”. Es a partir de ese momento cuando el joven comienza su labor casi policial. Su objetivo, demostrar lo que realmente ocurría.
"Ha dado orden de no alquilar a nadie de fuera"
“Le dije a una compañera de trabajo que llamara a la misma agencia. Le dieron la visita para ver el piso ese mismo día, media hora después de habernos dicho a nosotros que ya estaba alquilado”. Esa misma compañera se personó en la vivienda de Irun. Acudió con el joven marroquí. “Él es el mismo que te había mandado la documentación, el que estaba interesado por el piso”, le dijo a la empleada de la inmobiliaria que, sin argumento alguno al que aferrarse en esa situación, se vio obligada a confesar la verdad. “Toda la documentación que he recibido está fenomenal, pero el propietario ha dado la orden clara de que no quiere alquilar a nadie de afuera”, se sinceró. Aaboud grabó la conversación con su móvil. Lo hizo, según explica, por si pudiera servir como “justificante” a la hora de reclamar ante los tribunales.
Después de todo este periplo, la familia encontró el año pasado un piso en Beraun por 900 euros mensuales, en el que actualmente residen. Acceder a él no fue sencillo. Según explica, tuvieron que abonar el 12,5% de la renta anual, que junto a los gastos de inmobiliaria, fianzas y seguro por impagos supuso un desembolso inicial de entre 5.000 y 6.000 euros. “Si no tienes ese dinero ahorrado, lo tienes muy complicado”, asegura.
Una vez instalados en el barrio, y con el poso amargo que ha dejado toda esta experiencia, es cuando el joven ha trabado contacto con asociaciones como SOS Racismo para trasladar lo ocurrido. “Estuvimos a punto de ir al psicólogo. Mi madre lloraba por la situación, por tener que oír por el barrio que éramos poco menos que unos ocupas cuando en realidad habíamos dejado el piso en perfectas condiciones”, defiende Aaboud. “Entiendo que te pongan pegas si no llegas a la renta, pero en nuestro caso -mantiene- hay una clara discriminación racial”.
