donostia - Alquilar una vivienda en Gipuzkoa puede pasar de ser una búsqueda difícil a una misión imposible. El origen étnico y el color de la piel te coloca a uno u otro lado de la línea. El trato discriminatorio que recibe la población inmigrante adquiere su máxima expresión con las personas de origen subsahariano. Se ha constatado que, con frecuencia, ni siquiera se les deja franquear la entrada de la agencia inmobiliaria. “Ni hablar”. Encuentran la negativa a las puertas del mismo establecimiento, sin opción siquiera de abrir la boca a pesar de disponer de una nómina y avales que garanticen la operación, acreditando una solvencia que no sirve de nada.
El derecho a la vivienda es un bien de primer orden, pero el primer estudio realizado específicamente en Gipuzkoa sobre esta realidad revela que a la población inmigrante solo se le ofrece una cuarta parte de los pisos de alquiler. Más allá del racismo expreso, evidente y socialmente reprobable, hay otro latente que puede manifestarse de muchas maneras, por ejemplo, dificultando al extremo encontrar una vivienda. Los propietarios de los pisos dicen que no quieren saber nada de inquilinos extranjeros. Las inmobiliarias, como agentes mediadores, aceptan las condiciones, y los inquilinos se ven privados así de un derecho fundamental.
Por cada cuatro guipuzcoanos que logran acceder a una vivienda de alquiler solo puede hacerlo una persona de origen extranjero. Así lo atestigua un trabajo de investigación realizado por SOS Racismo en Gipuzkoa, donde ha realizado verificaciones o pruebas in situ acerca de estas prácticas discriminatorias en cinco localidades: Bergara, Arrasate, Irun, Errenteria y Tolosa. El estudio se enmarca dentro del proyecto Berdin, en el que participa la Diputación Foral.
El objetivo era estudiar y analizar las condiciones de acceso a la vivienda con las que se encuentra la población de origen extranjero, así como evaluar si el trato recibido de parte de las agencias inmobiliarias se ajusta a los principios de igualdad de trato y no discriminación. La conclusión no deja lugar a dudas. El rechazo es sistemático. “Todo se asienta en prejuicios, en que los inmigrantes subarriendan, que viven en pisos patera y son fuente inagotable de conflictos. Las agencias inmobiliarias no son más que un reflejo de los estereotipos que están en la sociedad”. Maitane Arnoso, presidenta de SOS Racismo Gipuzkoa, presentó ayer en estos términos en Donostia los resultados del estudio, junto a Maribel Vaquero, directora de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación, y Mikel Mazkiaran, secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo.
Evidencias probatorias La discriminación en el acceso a la vivienda es tal sutil que hace falta echar mano de recursos que se conviertan en evidencias probatorias. Una de ellas es el llamado testing. Esta herramienta sociológica consiste en comparar el trato recibido por personas similares cuya única diferencia radica en la supuesta característica discriminatoria a evaluar, en este caso el origen racial o étnico.
En los testing participaron un total de 18 personas voluntarias, trece de origen extranjero y cinco autóctonas. Todos acudieron a distintas agencias inmobiliarias de las localidades sometidas a estudio interesándose en viviendas de alquiler. En concreto, fueron a seis oficinas de Arrasate y Bergara, ocho de Errenteria, cinco de Tolosa y siete de Irun. A cada participante se le asignó un perfil con unas características similares respecto a su situación laboral, familiar y económica. En los mismos términos se plantearon también las demandas referentes a las características de la vivienda que buscaban y las personas con las que compartirían el piso.
Según explicó ayer la presidenta de SOS Racismo Gipuzkoa, se visitaron un total de 26 inmobiliarias. Se ha podido constatar que por cada vivienda ofertada a una persona de origen extranjero se firman contratos con cuatro autóctonos. Este desequilibrio resulta todavía más acusado en Debagoiena (Bergara y Arrasate), donde la relación es de diez a uno.
La directora foral alertó de que “este tipo de discriminaciones veladas exigen una atención especial por parte de las instituciones para poder mantener el compromiso de tratar de garantizar una igualdad de oportunidades para todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas”.
A este respecto, no solo se ofrecen menos viviendas sino que los requisitos exigidos en el caso de las personas de origen extranjero “son mucho más estrictos”. Por ejemplo, se piden contratos de trabajo de larga duración, nóminas de varios meses con unos ingresos mínimos, fianzas mayores y avales bancarios y seguros de impago.
SOS Racismo denuncia que en el sector inmobiliario “está muy extendido” el estereotipo de la persona inmigrante como generadora de conflictos a la hora de arrendar una vivienda. Ante ello, el propietario establece como condición no ofrecer su vivienda a extranjeros y el agente inmobiliario, ante esta condición, mantiene una actitud “comprensiva”. La aceptación de estas condiciones, advierte la ONG, solo es posible si ambos intervinientes están guiados por los mismos prejuicios.
Mazkiaran avanzó ayer que el mes que viene organizarán unas jornadas sobre esta problemática con representantes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (API), así como del mundo del Derecho. Discutirán sobre la discriminación que sobrevuela en el ámbito privado. “Es un problema que no se soluciona judicializándolo, sino a través de la transmisión de buenas prácticas”, advirtió el abogado.
El problema no ofrece fácil solución. “Mi vivienda la alquilo a quien yo quiera”. Es la frase a la que se aferran los propietarios, con la que se puede resumir su autonomía de voluntad en la relaciones entre particulares. A este respecto, la red Berdin contra la xenofobia y el racismo entiende que existe una falta de información dirigida a los particulares a fin de advertirles sobre los límites que conlleva la libertad de contratación a la hora de ofrecer un vivienda al agente inmobiliario. “Esta información debería ser ofrecida por la Administración en su posición de garante de los derechos del consumidor y en su función de control de la actividad de las agencias inmobiliarias”. Mazkiaran considera necesario corregir la opinión del API respecto a esa relación triangular que mantiene con el propietario de la vivienda e inquilino. “Se trata de un tema complejo en la medida en que entramos en un ámbito privado, pero hay que ser más sensibles y trabajar con un mayor coordinación entre todos para buscar soluciones”, expuso la directora de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación.
