Las plataformas Stop Desahucios, Alokairu Benta Berri e Inquilinos Azora han exigido este lunes al Gobierno Vasco el reconocimiento “con carácter de urgencia” de las zonas tensionadas de Euskadi en materia de vivienda para limitar “los precios abusivos” de los alquileres según los criterios que establece la nueva Ley de Vivienda estatal, una norma cuya aplicación en la CAV aguarda el resultado de un informe jurídico que aclare si existe, o no, invasión competencial, y en virtud de ello su encaje legal.
La portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, ha insistido en que es “imprescindible y urgente” fijar esas zonas tensionadas que, según ha expuesto en la Comisión de Vivienda del Parlamento Vasco, encuentran en Donostia su máxima expresión. Se trata de la tercera ciudad más cara del Estado, con un precio por metro cuadrado que en mayo rondaba los 15,8 euros -el más elevado de las tres capitales de la CAV-, lo que “ha favorecido estos años atrás el aterrizaje de fondos buitre” como Blackstone -que desde 2018 es el socio mayoritario de la SOCIMI, propietaria de las viviendas de VPO de Benta Berri- o Azora, que adquirió en enero de 2020 las viviendas de Inmobiliaria Vascongada.
Dolores Roncal, que vive en el barrio donostiarra de Gros, y Sofía Valverde, vecina de la promoción de VPO en el Antiguo, son dos de las afectadas por “una situación de incertidumbre” que tiene como común denominador no saber qué va a ocurrir con las viviendas en las que residen. Ambas han comparecido junto a García ante la comisión en el Parlamento Vasco.
En el caso de Valverde, la cuenta atrás finaliza en julio de 2028, una vez que expire el plazo para las 520 viviendas de VPO que en julio de 2018 pasaron a manos del fondo buitre Blackstone, uno de los principales caseros del mundo, cuyas prácticas especulativas ha llegado a denunciar la ONU. Más de medio millar de donostiarras aguardan a conocer lo que ocurrirá con esta promoción privada sujeta a control público solo hasta esa fecha.
"Saldremos a la calle"
“Hemos estado de manos privadas en manos privadas, víctimas de una publicidad engañosa, lejos de darnos la opción de compra que nos anunciaron, hasta que llegó Blackstone. Somos muchos vecinos, y si es preciso saldremos a la calle porque no vamos a permitir desahucios encubiertos como viene ocurriendo con Azora”, ha advertido la vecina de Benta Berri. La inquilina del barrio de Gros (en representación de los afectados de las fincas de Birmingham 1, Zabaleta 55 y Secundino Esnaola 2), ha denunciado las intenciones del fondo Azora, que “intenta desalojar de sus viviendas” a las familias cuyos contratos van finalizando con el objetivo de convertirlas en pisos de lujo.
Hasta ahora, en ambos casos y ante las reiteradas peticiones de las tres plataformas sobre la necesidad de establecer límites a los desbocados precios del alquiler, las instituciones vascas habían manifestado su inviabilidad al no existir una normativa estatal que lo permita.
Entretanto, la situación de “emergencia habitacional” ha provocado el aumento de personas inscritas en las listas de Etxegintza, para acceder a una vivienda de alquiler social, pero cuya dotación no puede atender la demanda de quienes ven imposible pagar los abusivos precios del alquiler ni tampoco acceder a un préstamo hipotecario, lo que conlleva en los últimos años un aumento de las demandas de desahucio por impago de alquileres, según ha revelado García.
La Ley de Vivienda estatal, que el Ejecutivo central ha pactado con ERC y EH Bildu, viene a establecer el marco legal para que los consistorios y las instituciones autonómicas apliquen dicha normativa, pero todavía no están despejadas las dudas sobre su encaje legal, según ha expuesto la parlamentaria del PNV, Irune Berasaluze. “Es necesario un estudio profundo para ver si se vulneran competencias. Es fundamental defender nuestro ámbito, porque las leyes están para cumplirlas”, ha remarcado, a la espera de ese estudio jurídico cuyo resultado podría llegar en el plazo de dos meses.
La portavoz de Stop Desahucios ha indicado que no “se puede esperar más tiempo”, y ha alertado de la evolución de precios que ha experimentado el parque de viviendas de alquiler en Euskadi en los últimos cinco años. Con datos de mayo, son 15,8 euros el metro cuadrado en Donostia, y 14,2 en el conjunto de Euskadi. “Estamos hablando de que han subido tres puntos por encima del IPC”, ha señalado la activista, en alusión a uno de los requisitos que contempla la nueva ley estatal a la hora de fijar esas zonas tensionadas.
A este respecto, la plataforma ha reivindicado seguir los pasos de Catalunya, donde ya se han declarado hasta 140 municipios como zona tensionada, “lo que supone tener un paraguas para los afectados por los grandes tenedores”, ha dicho García. “Si Catalunya ha dado el paso, aquí también se puede hacer. No valen excusas ni tardanzas”, ha exigido la portavoz de Stop Desahucios.
