Este sábado se cumple un año de una de las mayores tragedias en una frontera del Estado con al menos 23 inmigrantes muertos, 77 desaparecidos y decenas de heridos en la valla de Melilla, donde no se han vuelto a registrar intentos de entrada masivos.
Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, solo 138 migrantes han podido acceder a Melilla de manera irregular vía terrestre en este año transcurrido, casi tantos como los 133 que lograron entrar a la ciudad el 24 de junio de 2022.
Se trata, según fuentes policiales, de una cifra muy baja, nada habitual en el histórico de las estadísticas de inmigración irregular en Melilla, ya que representa apenas el 10 % de todas las entradas contabilizadas el año pasado en Melilla, que fueron 1.175.
Frontera blindada
Además, las mismas fuentes apuntan otra clave, y es que los 138 migrantes que han podido entrar por tierra en Melilla después de la tragedia lo han hecho en intentos individuales o muy minoritarios, pero también hay una parte que no accedieron por la valla, sino por el paso fronterizo terrestre, probablemente escondidos en vehículos.
Estas cifras son una muestra del "blindaje absoluto" al que está sometida la frontera de Melilla tras el 24-J, según Amnistía Internacional, cuya representación más gráfica la protagonizó un migrante que, el pasado mes de diciembre, sorprendió a todo el mundo accediendo a la ciudad sobrevolando la valla usando un parapente.
La gestión que puso contras la cuerdas a Marlaska
Censurada por la mayoría del arco parlamentario, el Defensor del Pueblo, ONG estatales e internacionales, así como por la UE, la gestión de la tragedia puso contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien a pesar de dos comparecencias parlamentarias, no llegó a convencer ni a sus socios de Gobierno.
Marlaska negó en todas sus intervenciones que los inmigrantes murieran en territorio español, defendió sin fisuras la actuación de la Guardia Civil e insistió una y otra vez en que el salto protagonizado pro unos 2.000 migrantes fue un "ataque violento y organizado" a la frontera.
Pese a sus explicaciones y tras un reportaje de la BBC, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo reclamaron las imágenes íntegras de los hechos que los diputados de la Comisión de Interior visionaron durante horas a puerta cerrada en el Congreso.
La Fiscalía archivó las actuaciones al no ver indicios de delito mientras que el Defensor cuestionó los 470 rechazos en frontera que se realizaron ese día.
Ahora la incógnita está en saber qué pasará con la querella que acaban de presentar cinco ONG - Coordinadora de Barrios, Colectivo Ca-Minando Fronteras, Asociación de Extranjeristas en Red, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Associació Lab 38- en un juzgado de Melilla para que la Justicia investigue los hechos.
