Toda una vida ha pasado Pedro Bosca en el edificio de Sancho el Sabio 35 de Donostia. A sus 76 años, más de seis décadas las ha vivido allí, primero con sus padres y luego solo o acompañado. No obstante, el próximo viernes deberá abandonar la vivienda si la demanda de desahucio presentada por Riberas del Urumea S.L. se lleva a cabo, lo que dejaría “a una persona vulnerable” con dependencia severa de grado 2 sin un hogar.
“Hemos hecho todo lo que hemos podido y necesitamos una respuesta. No se puede dejar a una persona así en la calle”, ha asegurado notablemente afectada este viernes su hija, Beti Bosca, en la concentración convocada por Stop Desahucios, Alokairu e Inquilinos Azora en el Boulevard donostiarra, a la que se ha sumado Miguel Ángel, vecino de Irun en una situación similar. Según ha denunciado la plataforma, se trata de un desalojo ilegal, ya que el inquilino cumple todos los requisitos para que su contrato vitalicio sea prorrogado, algo que incluso el consejo de administración de la constructora habría aprobado en un acta de 2016.
Fue hace tan solo unos meses cuando Pedro descubrió que la empresa planeaba construir 57 nuevas viviendas de lujo en el edificio, incluyendo la suya. “No tuvimos ninguna comunicación de la reforma. Mi padre se enteró al ir a comprar el periódico”, ha señalado su hija, revelando que fue el propio quiosquero el que le informó del derribo de su casa.
Nacido en esa misma vivienda, Pedro lleva viviendo en ella desde 1960, primero con su madre y luego, tras su muerte, solo. “Ahora está bien cuidado dentro de la gravedad”, ha indicado Beti. No obstante, su actual situación “ha acelerado” su dependencia, agravada, además, “por presiones del arrendador”. “Han intentando hacer que se fuera. Hasta le cortaron la calefacción y el agua caliente durante tres años”, ha apuntado Rosa García, portavoz de Stop Desahucios.
Según ha detallado García, el resto de arrendados del inmueble fueron abandonando el edificio y únicamente se mantuvo en él Pedro, “al que se le dijo que iban a respetar con un contrato vitalicio”. No obstante, el proyecto de reforma incluye “tirar la casa abajo”, por lo que su vivienda también debe ser destruida. Ante ello, la empresa arrendadora habría finalizado su contrato vitalicio y habría presentado una demanda contra su desahucio para el próximo viernes, cuya suspensión “inexplicablemente” ha denegado el Juzgado de Donostia.
Negociación con el Ayuntamiento
“Estamos cargados de razones. Es una persona vulnerable, como varios informes lo dicen, por lo que su contrato debe ser prorrogado un año más, tal y como lo indica la Ley de Vivienda”, ha apuntado García, que ha reconocido que el Ayuntamiento de la ciudad se ha puesto este jueves en contacto con la familia y la empresa para negociar una alternativa.
Con una pensión no contributiva de 5.899,60 euros anuales, la plataforma exige la suspensión del desahucio y una prórroga de su contrato con una renta acorde a sus ingresos de forma vitalicia. “Cumplimos todas las condiciones para que se pare”, ha repetido la hija.
En el caso de que el desahucio siga adelante, los miembros de las plataformas realizarán un piquete para evitarlo. “Esperemos no llegar a eso”, ha señalado García, que ha recordado que la situación en el número 35 de Sancho el Sabio no es una excepción en el territorio. “Hasta que Donostia, Gipuzkoa y Euskadi no sea declarada una zona tensionada, los fondos buitre pueden hacer lo que quieran”, ha agregado poniendo los ejemplos de tres edificios más, Bermingham 1, Zabaleta 55 y Segundo Izpizua 2.
Al declararse zona tensionada, algo que ya ha hecho el Ayuntamiento de Donostia, la prórroga de los contratos deben extenderse tres años más, siempre y cuando se lleve el pago al día.
