Stop Desahucios ha pedido este viernes la suspensión de la subasta solicitada por el fondo de inversión LSF11 Boston Investments, con sede en Luxemburgo, de la vivienda de una mujer de 69 años que fue avalista de su hija de un préstamo de 55.000 euros que solicitó al Banco Sabadell para emprender un negocio.

Representantes de Stop Desahucios y las plataformas Inquilinos Azora y Alokairu junto con concejales y junteros de EH Bildu y Podemos han participado en una concentración frente a la sede del Banco Sabadell para pedir la suspensión de la subasta solicitada por el fondo de inversión al juzgado de primera instancia número 2 de Donostia por una deuda de 43.824 euros.

En la concentración han estado también otros tres avalistas afectados por situaciones similares en los que los bancos Sabadell, Kutxabank y Caixabank vendieron préstamos hipotecarios morosos a los "fondos buitre" Promontoria, Zima Finances y Coral Home en los que sus viviendas pagadas fueron la garantía, objeto de subasta y posterior desahucio.

La portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, ha señalado que tanto la madre, una viuda de 69 años que cobra 1.040 euros de pensión, como la hija, que trabaja en la hostelería y tiene un hijo menor a cargo, cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pueden acogerse a lo establecido en el código de buenas prácticas bancarias al que se adhirieron "todos los bancos y por extensión los fondos buitre".

García ha explicado que dicho código establece que las personas vulnerables pueden beneficiarse de una carencia de cinco años en la que pueden pagar una cuota reducida para abonar el préstamo y evitar que la avalista se quede sin casa.

Ha señalado que el Sabadell, que tuvo unos beneficios "históricos" de 859 millones en 2022, ha vendido a los "fondos buitre" más de 19.000 millones de euros de préstamos morosos desde 2018.

A pesar de ello, la entidad bancaria presentó una demanda de ejecución hipotecaria en octubre de 2020, en plena pandemia, aunque la hija de la avalista había pagado la cuota de 500 euros hasta que debido al confinamiento entró en un ERTE y dejó de pagarla, ha explicado García.