Su primera impresión fue de incredulidad. “¿Pero estás segura?”, le decía a su abogada. Itziar Loinaz siente estos días cierto alivio. Tiene al menos la sensación de haberse quitado una pesada losa de encima, después de varios años en los que ha visto su nómina embargada. Su hijo Julen fue asesinado por su padre el 1 de diciembre de 2011 como venganza hacia ella por haber tomado la decisión de divorciarse. Al trauma por lo ocurrido se suma otra pesadilla: la deuda acumulada por él, que al estar casados en régimen de gananciales le quedó a ella, de la que finalmente ha sido exonerada gracias a la denominada Ley de la Segunda Oportunidad.
“El problema de muchos particulares es que no saben que existe esta opción”, indica a este periódico la abogada María José Peral, que ha representado a la familia en el procedimiento. “Ella se puso en contacto con nosotros a través de Internet. Tenía varias deudas acumuladas de diferentes acreedores, con unas cargas familiares grandes y un sueldo que no daba para todo. Una situación de angustia total”, describe la letrada.
La sentencia que condenó a Luis Serrano a 19 años de prisión, también le obligaba a pagar 314.000 euros a su familia en concepto de indemnización. Itziar Loinaz y sus tres hijos no recibieron un solo euro. Inicialmente obtuvo una ayuda del programa de víctimas de violencia de género, pero, como ha confesado en alguna ocasión, pronto se olvidaron del caso. Durante estos años ha podido subsistir gracias al apoyo de su familia.
El Tribunal Supremo, que ratificó la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa, destacó la “especial gravedad del acto de matar a su propio hijo, y ello asociado, a la decisión de su mujer de querer divorciarse”, entre otros motivos, por las enormes pérdidas económicas que arrastraba su entonces marido por el juego y las apuestas.
Tras ingresar en prisión en 2017 se declaró insolvente y, al infinito dolor, se sumó la situación económica tan comprometida en la que dejaba a la familia. La abogada estudió su situación. Le trasladó que podía acogerse a la denominada Ley de la Segunda Oportunidad, y acudieron al juzgado de lo Mercantil número de 2 de Donostia, especializado en este tipo de asuntos.
Deudores de buena fe
Desde hace unos años, las personas físicas y no solo empresas pueden presentar una situación de insolvencia. En julio de 2015 entró en vigor la norma que establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas. Según explica Peral, el juzgado dictó finalmente un auto por el cual se exonera a la familia de toda la deuda privada, es decir, la relativa a bancos y préstamos personales.
En el caso de Hacienda y Seguridad Social, la norma establece que pueden exonerarse hasta un máximo de 10.000 euros en cada administración. En esta caso, su deuda ascendía a 16.000, de tal forma que “Itziar llegó con una deuda de más de 40.000 euros de los que solo quedan ahora 6.000 pendientes de la Seguridad Social”, indica la letrada, que negocia actualmente el plan de pago de la cantidad que resta.
La abogada ha solicitado un aplazamiento. Está a la espera de respuesta para acordar la mensualidad. Un acuerdo que, en todo caso, ofrece a la familia un mayor desahogo económico con respecto a la compleja situación que venía atravesando desde hace año
“Itziar llegó con una deuda de más de 40.000 euros de los que quedan ahora 6.000 pendientes de la Seguridad Social"
“Tanto Itziar como otras clientas ante esa misma situación, la sensación que siempre trasladan es como de estar atascadas. Todo el día trabajando frente a una deuda que nunca termina, y que en el caso de la Seguridad Social va creciendo porque los intereses son cada vez mayores. Es una situación terrible”, describe Peral. Y lo es más, añade, en un caso “sangrante como este, porque no es una deuda suya, sino que le ha derivado su exmarido”.
Las personas perjudicadas en estos casos “no pueden pensar en hacer ningún tipo de gasto, es una situación de parálisis absoluta. No se trata de liberar la deuda, es liberar a la persona para que pueda tener un respiro y pueda continuar con su vida”, dice la letrada, que ha atendido otros casos de particulares con deudas de hasta 800.000 euros por avalar préstamos de empresas, o 150.000 por créditos personales. Al final, “se han quitado todo, siempre que no tengan pagos pendientes con Hacienda y Seguridad Social”, revela.
Insiste en la necesidad de dar a conocer este recurso legal. “Si no se sabe que existe esta vía, no hay modo de liberarse de esa situación. En las películas americanas siempre hemos oído que hay que arruinarse por lo menos tres veces para ser un buen empresario. Claro, ellos tienen ese tipo de normativa desde hace años, gracias a la cual, aunque debas dos millones de dólares es posible empezar desde cero eliminando toda la deuda. Aquí era imposible”, algo que cambió con la norma de 2015, eso sí, para deudores con cargas de buena fe.
