El Gobierno vasco decidirá caso a caso los locales de ocio nocturno que deben tener seguridad privada
Se tendrán en cuenta las características de los establecimientos y se analizarán los incidentes previos que hayan podido producirse en sus aledaños
El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha explicado que su departamento decidirá caso a caso y en función de las características y de los incidentes que hayan podido producirse en el entorno de cada local de ocio nocturno cuáles de ellos, con un aforo inferior a 700 personas, estarán obligados a contratar seguridad privada.
Erkoreka ha dado a conocer esta decisión en la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, fruto de la reflexión abierta tras los últimos casos graves de apuñalamientos ocurridos en Euskadi en los últimos meses.
El consejero ha recordado que el Reglamento de Establecimientos y Actividades Recreativas y Espectáculos Públicos establece que los locales de ocio con aforo superior a 700 personas están obligados a contar con seguridad privada y que además en otro apartado habilita a la Dirección de la Ertzaintza a adoptar "resoluciones individualizadas" para el resto en atención a las circunstancias de seguridad.
El departamento ha optado por esta vía para decidir qué establecimientos con aforos menores de 700 personas tendrán que contratar seguridad privada por considerarla "más correcta, precisa y ajustada" que optar por modificar el reglamento y rebajar el número de aforo de manera generalizada para requerir vigilantes, lo que podría afectar a locales de distinta naturaleza y que no acreditan situaciones de riesgo.
La primera resolución se ha hecho pública hoy y afecta a la discoteca "Brutal" de Bilbao, en la que según ha explicado el consejero, "han pasado muchas cosas dentro, fuera y en los alrededores", entre las que ha citado "ataques sexuales, lesiones y amenazas y se han usado armas blancas".
A esta resolución le seguirán más, fruto del análisis individualizado que está llevando a cabo la Dirección de la Ertzaintza para detectar si en cada caso "hay motivos específicos" para que estén obligados a contar con seguridad privada.
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