El pago de peajes a camiones en los 76,35 kilómetros de las carreteras N-I y A-15 que transcurren por Gipuzkoa entraron ayer en vigor y lo hicieron entre las protestas y críticas de los transportistas, que son los afectados por esta medida. Si el sábado Fenadismer (Federación Nacional de Transporte de España) rechazaba la “voracidad recaudatoria” de la Diputación de Gipuzkoa, ayer mismo ASTIC (Asociación del Transporte Internacional por Carretera) calificaba de “abuso de poder” la normal foral que obliga a los camiones a pagar por cada kilómetro de ambas vías en suelo guipuzcoano.
Los vehículos que pesan entre 3,5 y 12 toneladas deben abonar 0,22 euros por kilómetro, mientras que la tarifa para los más pesados aumenta a 0,28 euros por kilómetro, a consecuencia de la nueva norma foral que se basa en la política de Quien usa, paga, apoyada por la Comisión Europea.
Durante quince meses –del 21 de octubre de 2021 al 22 de enero de 2023– los camiones no tuvieron que pagar después de que el TSJPV y el Tribunal Supremo anularan las dos normas forales anteriores, según las cuales había 19 kilómetros de pago en la N-I. La razón fue que se incurría “en una discriminación indirecta por razón del origen o destino de la operación de transporte”. La solución de la Diputación fue aprobar una nueva norma foral para que sean de pago todos los kilómetros de la N-I y la A-15 que discurren por Gipuzkoa.
Para ASTIC, “es inaceptable el abuso de poder” del ente foral, ya que este gravamen afecta a más de 10.000 camiones que diariamente transitan por ambas vías, principalmente a los transportistas de larga distancia que las utilizan como “tránsito obligado” hacia el resto de Europa. “En lugar de cumplir lo que dictan las sentencias judiciales y devolver a los transportistas lo cobrado ilegalmente durante casi cuatro años (de enero de 2018 a octubre de 2021) mediante el anterior sistema de peajes, decide ahora diseñar una nueva normativa foral para continuar recaudando dinero a la espera de que el TSJPV se pronuncie en las próximas semanas sobre el recurso contencioso administrativo interpuesto contra esta nueva norma por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), del que forma parte ASTIC”.
“Estos peajes perjudican directamente al sector de nuestro transporte internacional de mercancías por carretera, lo que equivale a decir que tendrá efectos negativos para la competitividad de la economía de España, un país donde el 95% de los bienes se transporta en camión y el 75% de las exportaciones a Europa se realiza por carretera”, subraya ASTIC, que asegura, al igual que Fenadismer, que la tasa está “muy por encima de la media de las autopistas de peaje del resto de España, situada en 0,19 euros”.
La Diputación ha invertido 24 millones de euros en los arcos y banderolas que sirven para cobrar los peajes y espera recaudar 21 millones al año.
