La presidenta de del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha reclamado este martes en el Congreso que se sigan impulsando los dispositivos de control telemático, las conocidas pulseras, para una mejor protección de las víctimas de violencia de género, así como imponer consecuencias a los agresores que quebrantan las órdenes de alejamiento de las mujeres.

Carmona ha participado en la subcomisión que va a renovar el Pacto de Estado de Violencia de Género en la Cámara baja y en donde, según ha explicado, ha visto "mucha preocupación" por parte de los partidos políticos e "intención de continuar" con este acuerdo y con aumentar su dotación económica.

En su comparecencia, a puerta cerrada, ha propuesto diferentes mejoras para este Pacto como la ampliación del concepto de violencia contra la mujer más allá de la pareja o expareja, como recoge ahora la ley sobre esta materia. Esto, según ha indicado ante los medios, no solo permite proteger a un mayor número de víctimas, sino también "ampliar las competencias de los juzgados especializados" en esta materia.

Carmona ha llamado, además, a "seguir insistiendo en la formación de los jueces" y "extenderla" a aquellos que no están en juzgados exclusivos de violencia contra la mujer; a poner en marcha en la Justicia la especialidad propia en violencia de género que permitiría poner en marcha una bolsa de jueces especializados; y más educación de los menores y jóvenes.   

Impulsar las pulseras telemáticas

Del mismo modo, ha pedido que se sigan impulsando las conocidas como pulseras de control telemático que, a su juicio, son una herramienta que "está teniendo mucho éxito" pues "no se ha lamentado ningún asesinato de una mujer con pulsera impuesta". "Tenemos que ponerlas en valor y seguir ampliando su aplicación", ha señalado, para indicar que sería de especial relevancia en casos de violencia sexual.

También han propuesto que existan consecuencias para los agresores que quebrantan las órdenes de protección impuesta, por ejemplo, elevando el nivel de gravedad de su caso; avanzar en la valoración del riesgo político y judicial y garantizar la presencia de un forense en todo el territorio para llevar a cabo este procedimiento; o eliminar ciertos atenuantes, como la confesión o la reparación del daño.

La presidenta del Observatorio del CGPJ ha señalado, además, la importancia de implicar al entorno de la víctima para una mayor protección de la misma y, en este sentido, ha recordado que toda la sociedad tiene "la obligación de impedir la comisión de un delito".

Por otra parte, Carmona ha destacado la "especial preocupación" que los grupos parlamentarios han tenido por los menores víctimas de violencia de género, así como por los que la ejercen. Según ha indicado, se ha hablado en la reunión de que los menores tienen relaciones afectivas y sexuales cada vez más jóvenes, además de consumir pornografía "sin control parental alguno" lo que, a su juicio, "en muchas ocasiones es lo que está provocando quizá comportamientos violentos en el ámbito de la sexualidad".  

Modificar la Ley del solo sí es sí

Y, en relación a la violencia sexual, se ha referido a la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', para recordar que el CGPJ ya alertó de la rebaja de penas, tanto en los que se han cometido con anterioridad a la ley, como en los delitos que se están cometiendo, en algunos casos.

A su juicio, "ante la alarma social que se está creando" por esta situación y visto que "es evidente que la ciudadanía no quiere que estos delincuentes sexuales tengan esta rebaja", a su juicio, "la única solución es modificar nuevamente la ley".