El invierno, con una inflación galopante y el euribor al 3%, en máximos que no se conocían desde hace catorce años, se presenta como una amenaza en ciernes para familias vulnerables que ya atraviesan serios apuros para hacer frente a sus hipotecas. El desahucio de una familia de Lasarte-Oria con tres hijos menores, “suspendido in extremis” y conocido este lunes, es una elocuente muestra de la delicada situación que atraviesan economías domésticas de Gipuzkoa afectadas por el encarecimiento de los créditos, en histórica escalada.
La familia monoparental que finalmente ha podido eludir el dramático desenlace cuenta con “unos ingresos precarios procedentes de la hostelería”. Ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las rentas de alquiler, el arrendador había procedido a presentar la demanda de desahucio, cuya ejecución estaba prevista para hoy mismo.
Se da la circunstancia de que la afectada no había solicitado asistencia jurídica de oficio a pesar de que reunía los requisitos. Los hechos se han precipitado en los últimos días, con final feliz para esta familia que el jueves se puso en contacto con Stop Desahucios. Al día siguiente la plataforma presentó en el juzgado la solicitud para acogerse al real decreto antidesahucios junto a la documentación acreditativa de su situación.
Una nueva resolución favorable, conocida tres días después del acuerdo alcanzado para que María Ángeles Otegi, la vecina octogenaria de Usurbil bajo amenaza de desahucio, pueda continuar viviendo hasta el final de sus días en la misma casa en la que reside desde hace treinta años. Esta mujer, que fue homenajeada el domingo en un acto en el municipio donde vive, ha contado con la implicación de un vecino de la localidad, que ha abonado la deuda que arrastraba Otegi desde que su hijo, ya fallecido, solicitó un préstamo con unas condiciones "draconianas". La familia ha adquirido la vivienda, permitiendo así a María Ángeles el usufructo vitalicio. Consignar en el juzgado la deuda era el único modo de parar el procedimiento.
Temible aluvión de casos
Usurbil y Lasarte-Oria representan dos batallas ganadas por el equipo jurídico de Stop Desahucios, que no se lleva a engaño ante el aluvión de casos que puede traer consigo la subida imparable del euribor, en su nivel más alto desde 2008. “Estamos ya en cifras equiparables al año de la explosión de la burbuja inmobiliaria”, alerta Rosa García, portavoz de la plataforma en Gipuzkoa.
El euríbor diario ha superado este lunes el 3%. Un dato preocupante, teniendo en cuenta de que se trata del índice de referencia que indica el tipo de interés promedio al que las entidades financieras se ofrecen a prestar dinero en el mercado. El viernes se quedó a las puertas de ese umbral, en su primera reacción tras el duro mensaje del Banco Central Europeo (BCE) sobre las próximas subidas de los tipos de interés.
Así, el índice hipotecario por excelencia ha experimentado este año el mayor incremento en un ejercicio desde que hay registros. La tasa mensual provisional del euríbor se ha colocado ya este mes en el 2,884%, lo que estrecha el margen de maniobra para familias que andan muy justas.
Desde Stop Desahucios hacen un llamamiento a las familias que están atravesando dificultades con sus hipotecas “para que se pongan en contacto con nosotras, antes de caer en redes mafiosas de prestamistas usureros. Que nos lo comuniquen, porque hay soluciones para familias vulnerables en riesgo de desahucio”, insiste García.
En el caso de la familia de Lasarte-Oria, ha sido el Real Decreto 11/2020 de suspensión de los desahucios de alquiler, prorrogado hasta el 31 de diciembre, el que ha dado “sus frutos”, tras la medida adoptada por un juzgado de instrucción de Donostia. Stop Desahucios alude al decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 22 de noviembre para trasladar a las familias que existen "nuevas herramientas" para proteger a quienes más lo necesitan.
Este decreto quiere “anticiparse al impacto” que puede tener el alza del euríbor, “sobre todo con la revisión de los créditos en la primera parte del año próximo”. Los principales bancos han anunciado su adhesión al nuevo código de buenas prácticas impulsado con este decreto, con el que se quiere reforzar el hasta ahora vigente de 2012.
El paquete de medidas contempla acciones dirigidas a familias con una renta máxima de 29.400 euros que se estén viendo afectadas por el encarecimiento de las hipotecas. Entre otras medidas, se podrá reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante un periodo de carencia de cinco años. También amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda, como se conoce a la prestación que el acreedor acepta del deudor, liberándolo así de la obligación que los relacionaba, a pesar de no ser este pago el que inicialmente suscribieron ambos.
También se facilita el alquiler social de las viviendas en situación de riesgo de desahucio para que el plazo pueda ser de doce meses en lugar de seis. A este respecto, y en relación a la familia de Lasarte-Oria que finalmente ha podido eludir el desahucio, la plataforma de ayuda critica que el servicio de vivienda “Etxebide, conociendo la fecha del desahucio de esta familia y su condición de vulnerabilidad, haya respondido que no reúne las draconianas condiciones exigidas a su petición de adjudicación de una vivienda de alquiler social”.
