El hombre vivía en una habitación alquilada, tenía un vehículo propio que le había costado 25.000 euros y se había gastado un total de 4.000 en un viaje de tres días a Nueva York. El cliente, sin medios económicos, llegó al bufete de abogados. Cuando el letrado Rafael Dueñas, que ejercía de mediador concursal, le preguntó por el motivo de semejante desembolso ante una situación tan incierta, su respuesta fue: “Todo el mundo ha viajado a Nueva York, y yo también quería ir”.
Se trata de un caso excepcional que no responde al perfil habitual de los pocos clientes que hoy por hoy tratan de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad en el territorio. “Hay profesionales del préstamo, pero son los menos, la mayor parte llega a esa situación por pura necesidad”, asegura el abogado donostiarra, que da cuenta del desgaste para la salud que conlleva para los sufridores de la bancarrota. “Muchos afectados desarrollan enfermedades como infartos y cánceres, que ellos mismos asocian a lo mal que lo han estado pasando durante años, sin dormir, lo que ha acabado por afectar al entorno familiar, y es causa de depresiones. Es una situación muy dura. Te cruzas por la calle con la gente y no caes en la cuenta, pero son situaciones que se ven de puertas adentro, ante el bombardeo constante de tarjetas revolving y préstamos rápidos, todo a un click”, lamenta.
La Ley de la Segunda Oportunidad puede ser una vía a explorar. A pesar de no ser muy conocida en el Estado, se ha venido aplicando desde hace años en Estados Unidos y en otros países de Europa. Para beneficiarse de la exoneración del pasivo en estos casos es preciso, según estableció el Tribunal Supremo, que el concurso no haya sido calificado culpable, que el deudor concursado no haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales y que se haya acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso.
