Una pensionista octogenaria, vecina de Usurbil, está a punto de perder la vivienda en la que ha residido durante las últimas tres décadas tras avalar con su piso el préstamo hipotecario de su hijo, ya fallecido, por valor de 60.000 euros. El acuerdo pasaba por amortizar esa cantidad en cinco años, con un interés del 12,5%. Tras el impago de tres cuotas, el prestamista ha reclamado la totalidad del crédito y ha instado una demanda de ejecución hipotecaria de la que no estaba al corriente María Ángeles Otegi. Visiblemente emocionada y sin poder articular palabra, esta mujer de 80 años se ha concentrado este martes por la mañana en el Boulevard de Donostia de la mano de Stop Desahucios de Gipuzkoa, que ha denunciado estos hechos y ha avanzado que van a utilizar todas las vías jurídicas necesarias para evitar el lanzamiento.
Otegi tiene una pensión modesta, y una enorme preocupación. La razón de su calvario actual se remonta unos años atrás en el tiempo, cuando avaló con la garantía de su vivienda ya pagada, como tantas otras familias, el préstamo hipotecario de su hijo, quien falleció posteriormente. "María Ángeles tuvo conocimiento de la petición de subasta de su vivienda habitual en 2021. Ella no tenía ni idea de que tenía un proyecto de ejecución hipotecaria instado por Reno Amusement SL, con sede en Madrid, un prestamista usurero", ha denunciado Rosa García, portavoz de Stop Desahucios de Gipuzkoa, que ha comparecido en el Boulevard donostiarra junto a la afectada y su letrada, Maite Ortiz.
El motivo del lanzamiento es el impago de tres cuotas, lo que supone la aplicación de una cláusula de "vencimiento anticipado" que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró abusiva. La crisis económica ha forzado a muchas familias guipuzcoanas a recurrir a este tipo de préstamos personales. La única forma de lograr una liquidez que con la contrapartida de unos tipos de interés muy elevados -del 12,5% en el caso de la vecina de Usurbil- que acaban convirtiéndose en una soga que aprieta hasta que ahoga.
El caso de María Ángeles no es ninguna excepción. El drama de los avalistas jubilados de edad avanzada se extiende por Gipuzkoa y son ya al menos siete las personas afectadas, tres de ellas octogenarias, sobre las que pende la amenaza de la ejecución hipotecaria. Su "único delito", ofrecer su vivienda como garantía de los préstamos de sus hijos. "En esa situación hay compañeros y compañeras que provienen de Kutxabank, y de fondos buitre como Promontoria Coliseum, Coral Homes y Zima Finance", ha denunciado Stop Desahucios. Frecuentemente, las personas afectadas ni siquiera son conscientes del proceso del lanzamiento.
Procedimiento 'in extremis'
Así ha ocurrido con la vecina de Usurbil, que "in extremis", se puso en contacto con la plataforma. A partir de ahí se inició un procedimiento en el que han podido saber que el hijo de esta mujer, ya fallecido, recurrió en su día esa cláusula de vencimiento anticipado, que el juez no consideró que fuera nula por abusiva.
Ahora, María Ángeles no puede interponer un nuevo recurso porque se considera "cosa juzgada". No cabe un segundo pronunciamiento de la justicia sobre esos mismos hechos. "Nos guste o no, estemos o no de acuerdo, se ha declarado válida la causa y no podemos volver a hablar de lo mismo", ha lamentado la letrada Ortiz.
El procedimiento sigue así su curso. Eso significa, según ha alertado García, que la vecina de Usurbil "vive pendiente de que su vivienda de toda la vida sea inscrita en el portal de subastas electrónicas para que el prestamista usurero y ladrón se adjudique una vivienda por una deuda de alrededor de 60.000 euros, cuando esa vivienda de 90 metros cuadrados en un lugar bastante privilegiado de Usurbil cuesta muchísimo más. Este es el negocio de este tipo de usureros", ha denunciado la portavoz. De hecho, de seguir adelante el lanzamiento, el prestamista se quedaría con la vivienda por el 60% del valor de tasación, es decir, unos 90.000 euros.
"El prestamista usurero y ladrón se adjudica una vivienda por una deuda de alrededor de 60.000 euros, cuando esa vivienda de 90 metros cuadrados en un lugar bastante privilegiado de Usurbil cuesta muchísimo más. Este es el negocio de este tipo de usureros"
Stop Desahucios ya alertó la semana pasada de la venta de hipotecas morosas de familias de Gipuzkoa a un fondo irlandés. La plataforma denuncia que "tanto los prestamistas usureros como los fondos buitres" no se han adherido al Código de Buenas Prácticas Bancarias (conocido como Decreto Guindos), al que están sujetos todos los bancos del Estado. "María Ángeles no se ha podido acoger a una carencia de cinco años -a pesar de ser una persona totalmente vulnerable- por la cual estaría pagando una cuota reducida. Son clientes que no se pueden defender ante la subasta y posterior desahucio, aun siendo familias vulnerables. Se encuentran en una situación de total impunidad", asegura García.
La abogada Maite Ortiz, que representa a la vecina de Usurbil en este procedimiento, ha presentado un escrito ante el juez para que el acreedor -Reno Amusement SL.- concrete el número de cuotas impagadas y enervar así el desahucio. Bajo esta fórmula jurídica se conoce a la facultad que permite a un inquilino rehabilitar el contrato de arrendamiento mediante el pago de las cantidades adeudadas una vez iniciada la reclamación judicial y evitar, así, el lanzamiento de la vivienda o local. Dicho de otra manera, poner el préstamo al día para continuar pagando las cuotas.
Movilización ciudadana de apoyo
"Queremos que María Ángeles se quede en casa hasta el final de sus días. Lleva 30 años viviendo en ella, con sus vecinos, su comercio y su médico", ha señalado García, que ha anunciado con ese fin todo tipo de iniciativas. Entre ellas, "una movilización ciudadana por parte de sus vecinos de Usurbil", con el compromiso en esa línea de la alcaldesa del municipio, Agurtzane Solaberrieta, y la intermediación de las Juntas Generales con el "usurero prestamista", además de las medidas jurídicas adoptadas por la letrada Maite Ortiz.
"La idea es buscar soluciones para que María Ángeles se mantenga en su vivienda el resto de sus días de la manera que sea"
"La idea es buscar soluciones para que María Ángeles se mantenga en su vivienda el resto de sus días de la manera que sea", señala la defensa de la vecina de Usurbil. El préstamo firmado contemplaba el pago de una cuota mensual de los intereses, siendo el último abono, al cabo de cinco años, de la principal cantidad prestada. En suma, 61.500 euros. Al tipo al que se pactó, hay una "cantidad de intereses durante esos cinco años que dura el préstamo de entre 36.000-37.000 euros", señala Ortiz.
Al parecer, según ha indicado la abogada, el hijo de María Ángeles solicitó este préstamo para cancelar otro que tenía de más de 30.000 euros, un dinero que retuvo el prestamista, al que se suma una partida de 7.000 euros para la comisión de apertura. "No sabemos qué gastos pudo tener el prestamista para cobrar una cantidad así en un préstamo de 61.500. En suma, entre los intereses y la comisión de apertura la deuda se infló notablemente", ha denunciado Ortiz.
Rosa ha incidido en ese aspecto, recordando que "el derecho de la vivienda es tan importante como la cesta de la compra". La concentración, que ha contado con el respaldo de una treintena de personas, ha finalizado al grito de Sí se puede y la vivienda es un derecho, no un negocio.
