La plataforma Stop Desahucios ha denunciado este jueves en una protesta en Donostia el riesgo de quedarse en la calle que sufren al menos siete familias vascas, cuyos préstamos hipotecarios morosos han sido vendidos recientemente por Kutxabank al fondo de inversión irlandés Zima Finances.

Dos afectadas por esta situación han participado este jueves en una concentración que el colectivo antidesahucios ha llevado a cabo ante la sede central de Kutxabank en la capital donostiarra, en la que han participado varios concejales y junteros guipuzcoanos de EH Bildu y Elkarrekin, y representantes sindicales de LAB y CCOO, y de la entidad Cáritas.

La portavoz de la plataforma, Rosa García, ha dicho que por ahora tienen constancia de siete viviendas en esa situación -cuatro en Donostia, una en Aretxabaleta, otra en la comarca del Goierri y una más en Vitoria-, aunque ha asegurado que serán "centenares" las que tienen hipotecas con impagos en Euskadi de un total de 2.500 préstamos, por importe de unos 250 millones, que la entidad bancaria vasca vendió el pasado julio al "fondo buitre" con sede en Dublín.

Según ha afirmado, los afectados recibieron a finales de ese mes un burofax de la entidad bancaria que les comunicaba la venta de su crédito hipotecario a Zima Finances, cuyas propiedades gestionaría Servihabitat Servicios Inmobiliarios.

Con esta operación, ha denunciado, no sólo baja la morosidad de su cuenta de resultados, sino que también "se desprende y desentiende" de clientes que "no han podido pagar" las cuotas y a los que "tendría que aplicar" el Código de Buenas Prácticas Bancarias o el denominado "decreto Guindos", que posibilitan carencias de cinco años y daciones en pago con alquiler social para evitar desahucios.

Los fondos de inversión mientras tanto "no han suscrito" ese código ni en principio están obligados a esas soluciones, ha asegurado García, que ha agregado que, además, como es el caso de Zima Finances y Kutxabank, la adquisición es zanjada "a precios de saldo", que pueden ser de la mitad a un cuarto de la cantidad total de la deuda acumulada.

"Por si fuera poco", ha remarcado, una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 "impide a los deudores comprar su préstamo al "ridículo precio por el que los bancos venden los préstamos morosos a los fondos. "Por tanto, ganan los bancos, ganan los 'fondos buitre" y pierden las familias hipotecadas".

En la concentración, han explicado su situación dos afectadas: Marian, divorciada de 60 años que comenzó a tener problemas cuando se separó de su marido y se quedó a cargo de sus tres hijos menores y de la hipoteca de su VPO de Aiete de la que su expareja "se desentendió".

Sandra, por su parte, ha narrado entre lágrimas cómo sus padres, mayores y enfermos, podrían ser deshauciados de su piso ya pagado en Altza por haber avalado con ella la compra de un local en Larratxo para un negocio. Tiene 39 años, dos hijos y vive en una vivienda de alquiler en Larratxo.

Ambas, y otra donostiarra de otra VPO de Atotxa, tienen sendas demandas de ejecución hipotecaria interpuestas por la entidad financiera, antes de vender sus préstamos, porque "su precaria situación económica", como ha denunciado García, no les permitió pagar las cuotas de sus préstamos.

La activista ha preguntado al Gobierno Vasco y al PNV y PSE si tienen conocimiento de esta situación y qué prevén hacer para "proteger a estas familias y garantizarles una vivienda digna".