El tiempo de presentar una reclamación ha prescrito ya para muchos de ellos, pero aún son cientos los propietarios de vehículos que están a tiempo de exigir una devolución de lo que les cobraron de más por su compra de un vehículo entre 2006 y 2013 en Gipuzkoa. En ese periodo, solo en el territorio, se matricularon un total de 69.985 turismos y todoterrenos y más de 200.000 en Euskadi.
En el periodo citado de 2006 a 2013 se vendieron casi 70.000 vehículos en Gipuzkoa
No todos están afectados, ya que la casuística y las fechas varían en función de marca y también del modelo. Se calcula, eso sí, que buena parte de ellos podrían haber sido vendidos incumpliendo las normas de libre competencia, tras haber pactado precios en un cártel que incluye a una veintena de fabricantes y más de un centenar de concesionarios, según ha determinado la justicia española.
El origen de este caso se remonta años atrás. Entre 2015 y 2016, la CNMC multó con 171 millones de euros a 21 fabricantes, 172 concesionarios y 2 consultoras por prácticas anticompetitivas, al creer demostrado que habían acordado fijar los precios de los coches. Este cártel supuso un perjuicio a los consumidores, que pagaron por sus vehículos más de lo que correspondía. El Tribunal Supremo ha ido confirmando esas multas, abriendo la puerta a las reclamaciones de los usuarios.
En el conjunto del Estado, se calcula que los consumidores afectados pueden llegar a ser varios hasta nueve millones. Las marcas afectadas en mayor o menor medida son BMW, Citroën, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW Audi o Volvo en alguno de los concesionarios sancionados.
"No todo el que compró coche en ese periodo tiene derecho a reclamar; depende de la marca y también el modelo"
Hasta el momento, son cientos los consumidores guipuzcoanos que han presentado su reclamación en tiempo y forma. A nivel de Euskadi, solo la asociación de consumidores vasca EKA/ACUV tiene una cartera de 500 afectados. Y a nivel estatal, la OCU representa a unos 100.000, también algunos cientos en Euskadi. No deja de ser más que la punta del iceberg. Las demandas se pueden presentar a través de cualquier asociación de consumidores o bien abogados particulares o plataformas creadas al uso.
"Paciencia"
Desde las asociaciones de consumidores consultadas por este periódico, dicen que los reclamantes en primer lugar tienen que armarse de “paciencia”, pero confían en que finalmente podrán recuperar entre un 10% y 15% de lo que pagaron su vehículo en su día. Podrían ser años de una batalla judicial que apenas ha comenzado. Cada caso es un mundo. De hecho, ha prescrito ya la opción de denunciar para la mayoría de los afectados que no lo hayan movido ficha ya.
Los afectados podrían recuperar entre un 10% y un 15% del precio abonado
Según la asociación de consumidores Facua, a finales de abril terminó el plazo para la mayoría de casos, pero aún están en plazo hasta el 15 de noviembre los propietarios de los Toyota comprados entre febrero de 2006 y septiembre de 2012, de los Lexus adquiridos entre octubre de 2007 y septiembre de 2012. Y hasta el 19 de este mes tienen tiempo quienes adquirieron un Opel entre febrero de 2006 y julio de 2013. Es la última llamada. El barco zarpa.
Los primeros casos ya están en los tribunales de lo Mercantil de sus respectivas jurisdicciones. Son unos pocos; la punta de lanza: ellos deberán abrir camino judicial para el resto, que permanecen en espera. Hasta la fecha, no se ha producido ninguna sentencia en el Estado español, pero podría haberla en cualquier momento. Cuando llegue, vendrán el resto.
Será un goteo y en función de las sentencias dictadas, se irá esclareciendo la situación. Según afirma Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi, hasta que no se empiecen a pronunciar las audiencias provinciales, después de los primeros recursos, el panorama es incierto.
Iñaki Velasco, abogado de EKA/ACUV, asegura que “nosotros por ahora hemos presentado tres demandas para ver cómo van. Y lo que vemos es que, cuando se les dio traslado de la demanda, (los fabricantes) nos han excepcionado todo para entorpecer los procedimientos. Hay muchas excepciones procesales que hay que resolver por parte de los jueces y todavía estamos pendientes de que nos señalen la fecha de juicio oral”, afirma.
A las primeras sentencias en primera instancia, probablemente le seguirá una oleada de recursos
Esta asociación ha apostado por lo Mercantil. “Creemos que es la jurisdicción que les corresponde”, afirma, pero reconoce que los demandados intentan derivarlo a la vía civil. En toco caso, las demandas se presentarán siempre en la partida judicial del domicilio del demandante.
“Es una carrera de fondo, como todos los procedimientos de este tipo”, advierte Velasco. Entre otras cuestiones, “habrá que ver si sigue siendo necesario presentar un informe pericial en cada caso o si la cuantificación va a ir estandarizada”.
Por otro lado, Velasco recomienda a la gente que “no se deje llevar”: “Ojo, no es tan sencillo. Lo primero es que hay que ver si tu coche está afectado. Habría que atender al año de la compra, y ver si está afectado por esas prácticas colusorias que realizaron las empresas. Muchos van a estar. Pero se tiene que haber reclamado primero de forma extrajudicial, al propio fabricante, como mínimo un año después desde que la sanción fue firme; y nosotros interpretamos que lo es desde que el Supremo desestimó los recursos de las empresas”, explica. De nuevo campo para la interpretación.
"Hay que decir a la gente que si va a reclamar, acuda a una asociación de consumidores"
En todo caso, serán las propias asociaciones de consumidores las que hagan esa primera criba y determinen si una persona ha sido afectada o no y si está a tiempo de reclamar. Por el momento, juega a su favor “una modificación de la Ley de Competencia” que concede “derechos y facilidades a la hora de plantear reclamaciones, pero es muy dudoso que se puedan aplicar a estos casos”, explica este abogado. Por otra parte, “se podría plantear una responsabilidad solidaria de todas las que participaron en el cártel”. Todo está por ver.
La primera criba
Lo primero es hacer una criba de afectados que tiene la posibilidad de reclamar. En EKA/ACUV han detectado unos 500 de todos los que les han llegado. “El mensaje a la gente es que no todos tiene derechos a que les devuelvan dinero. Primero hay que ver cuándo se hizo la reclamación y si está en plazo. Nosotros le pedimos el contrato de compraventa y la factura y vamos a reclamarle siempre al fabricante, no al concesionario, porque las reclamaciones que están vigentes son las del fabricante”, asegura.
“Lo que sí que hay que decir a la gente, si van a querer reclamar, es que se pongan en contacto con cualquier asociación de consumidores”, insiste Velasco.
La Organicación de Consumidores y Usuarios (OCU) también está implicada en este caso. En su página web anuncian que “iniciaremos una acción colectiva de resarcimiento de daños en defensa de los compradores de vehículos afectados por estos acuerdos contrarios a la competencia.
Kepa Loizaga, el delegado de esta organización en Euskadi, reconoce que las primeras demandas ya se han empezado a presentar en los juzgados. La OCU también apunta a la jurisdicción Mercantil. Pero advierte, este proceso será largo.
"Se engañó a la gente y esta tiene derecho a reclamar por ese sobrecoste. Pero no hay una fórmula matemática"
“Una cosa es clara. Hay un cártel. Está acreditado y todos los afectados se merecen una indemnización”, pero “tienes que acreditar que has recibido un daño” y augura que “va a haber un problema con las valoraciones. Esto acaba de arrancar”, reconoce.
“Jurídicamente ha habido un perjuicio: se engañó a la gente y esta tiene derecho a reclamar por ese sobrecoste. Pero no hay una fórmula matemática. Porque tú, pongamos un ejemplo, en el concesionario de Oiartzun lo has pagado a tanto y yo en el de Donostia, a otro precio”.
Loizaga recuerda que en “unas jornadas que hicimos en junio tuvimos más de 4.000 personas inscritas” y añade que hasta el momento en todo el Estado español son “más de 100.000 los afectados que confían en OCU” para defender sus intereses en este caso, pero luego habrá que ver cuántos son los que realmente presentan la demanda.
Los fabricantes, a la espera
“La idea nuestra es hacer una acción colectiva y exigir responsabilidad”, pero antes deberán resolverse los criterios jurídicos”. Asegura que los fabricantes demandados están “viendo los toros desde la barrera”, esperando esas primeras sentencias y viendo a qué cantidades se les va a condenar, si así sucede. “Si son cantidades pequeñas, podrían valorar hacer una quita, pero si les condenan a soltar un dineral, todo el mundo se va a revolver” y entraremos en una espiral de recursos hasta llegar al Tribunal Supremo.
Advierte de que “no hay dos juzgados en España que tengan el mismo ritmo de trabajo y que el primer criterio a tener en cuenta, después de los juzgados de primera instancia, es del de las audiencias provinciales. “Cuando todas van marcando los mismos criterios, van a llegar a los jueces del piso de abajo y el caso cogerá carrerilla. “Todo el mundo que viene a esto, tiene que tener claro que es de paciencia", zanja Loizaga.
