La estrategia española contra la pobreza energética establece que una temperatura interior de 18 grados centígrados en el interior de nuestro hogar no conlleva riesgo y permite proteger la salud de la población general durante las estaciones frías. Sin ir tan lejos, el Ente Vasco de Energía (EVE) habla de 19 grados dentro de casa en invierno, tirando de chaquetita o pijama grueso si hace falta, y 25 en verano. “Es suficiente”, dicen.

El próximo invierno sin gas ruso va a poner a prueba nuestra “solidaridad” y también nuestros bolsillos, aseguran desde el Ente Vasco de Energía. En primer lugar, porque un exceso de demanda energética en nuestros hogares puede suponer la necesidad de activar el ciclo combinado y, por tanto, gas a precio de oro en nuestro mix energético.

Dicen los expertos que cada grado centígrado arriba o abajo en el aire acondicionado o la calefacción aumenta un 8% el consumo energético y eso pesará en la factura. “El suministro de gas está garantizado, lo que no sabemos es a qué precio”, reitera el director del Ente Vasco de Energía, Iñigo Ansola.

En otros puntos de Europa la situación es más preocupante. El escenario actual apunta a que en algunos países se puede sufrir este invierno cortes en el suministro. No será en España, según la ministra Teresa Ribera, quien ha asegurado que “las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni luz en sus casas”.

En ningún modo y de ninguna manera, insistió, justo después de conocerse la propuesta de la Comisión Europea a sus estados miembros, a los que exigiría rebajar un 15% el consumo de gas desde agosto. España dice que no vive energéticamente por encima de sus posibilidades y se rebela. Pero el martes se reunirá el Consejo de Ministros del ramo de la Unión para debatir esta propuesta. Habrá que ver.

Alemania, Francia y Hungría ya habían anunciado previamente medidas para que los ciudadanos gasten menos energía ante la amenaza rusa de cortar el grifo del gas. Hungría declaró el estado de emergencia energética y una de las medidas que se activará a partir del 1 de agosto es que los hogares que utilicen más energía que el promedio, tendrán que pagar más por el gas y la electricidad.

¿Será la alternativa al corte del suministro en Euskadi y el Estado? ¿Nos cargarán un precio extra si pasamos de determinado consumo, como sucede con el agua? ¿Cuántos ciudadanos podrán pagar la factura? Lo único que está en nuestras manos es ahorrar, dice el EVE. Al menos para que no se dispare más el precio.

Sirva como referencia que unos ocho millones de personas en el Estado español, el 17,3% de la población, pagaba en 2017 una factura desproporcionada de energía en relación a sus ingresos. Es uno de los índices que mide la pobreza energética. En Euskadi era un 8,8% la población en dicha situación, unas 200.000 personas. Y otras 85.000 personas (3,7%), las que no podían pagar la factura energética.

El sector de los edificios representa una parte importante del consumo energético, ya que dos tercios de los inmuebles de la UE se construyeron antes de que hubiera estándares de rendimiento energético. Así que toca ahorrar con gestos. La otra gran duda es la industria, principal destinataria del gas (50%). El propio lehendakari Iñigo Urkullu advirtió la semana pasada de que se acercan “tiempos difíciles” que van a exigir “un mayor esfuerzo” en materia de ahorro energético.

La Comisión Europea quiere llegar a noviembre con las alforjas llenas, pero las olas de calor de junio y julio han frenado el ritmo de almacenaje de gas. De ahí esta vuelta de tuerca. De hecho, el centro de estudios económicos Bruegel augura que Alemania afrontará grandes desafíos en febrero de 2023; y Hungría incluso antes, en diciembre.

Por su parte, según Enagás, España tiene “uno de los niveles más altos de almacenaje de gas de Europa”, tanto en tanques de almacenamiento subterráneo (73,2%), como en los de las plantas de regasificación (84%). Precisamente, Euskadi cuenta con una de las seis (siete en breve) instalaciones que hay en el Estado para almacenar gas licuado y regasificarlo.