La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona decretó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y eludible bajo fianza de 12.000 euros del camionero que el miércoles por la noche, cuando circulaba en sentido contrario, embistió frontalmente en la N-121-A, a la altura de Sunbilla, a un motorista de Irun de 58 años que falleció. La magistrada imputa al investigado, A.T., de nacionalidad checa, un delito de homicidio por imprudencia grave.
Además, la jueza acordó la retención del vehículo y del permiso de circulación del mismo “por el tiempo imprescindible” para averiguar si el camionero, que al parecer tiene la carta verde —certificado internacional de seguro— caducada, dispone de seguro en vigor que pueda garantizar las responsabilidades civiles.
En la comparecencia celebrada ayer, en la que el detenido se acogió a su legítimo derecho a no declarar, el Ministerio Fiscal solicitó el ingreso en prisión provisional sin fianza del imputado, mientras que la defensa reclamó la puesta en libertad.
En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la jueza relata que “existen indicios suficientes” para imputar al conductor la comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave, castigado con penas de entre 1 y 4 años de prisión.
Así, según consta en el auto, del atestado presentado por la Policía Foral se desprende que el accidente se produjo en un tramo en obras en el que, tras dudar sobre el camino a seguir, el encausado invadió el carril contrario por el que circulaba correctamente el motorista, contra el que colisionó frontalmente.
En cuanto a los indicios de criminalidad, la magistrada señala que el conductor, a la espera del informe definitivo, podía circular a unos 105 km/h en un tramo limitado a 60, “lo que sin duda habría influido de manera directa en el hecho de carecer de capacidad de reacción y poder detener el vehículo a tiempo”.
La magistrada decreta el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros “por resultar fundamental para evitar el riesgo de fuga”. Al respecto, la jueza tiene en cuenta que el investigado “es de nacionalidad checa, carece de domicilio ni de ninguna vinculación con España” y, por tanto, “es claro que no resulta posible de otra manera garantizar que comparecerá ante el Juzgado cuando sea preciso”.
