La conocida como ley Zerolo, que tiene como objetivo prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y contempla sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros, culminó ayer su tramitación parlamentaria tras su último paso por el Pleno del Congreso. La Cámara Baja abordó así el último debate de la proposición de ley de igualdad de trato, impulsada por el grupo socialista, sobre las enmiendas introducidas en el Senado que han salido todas adelante.

Asegura la norma que “no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen”, de forma que desarrolla el artículo 14 de la Constitución e incorpora la jurisprudencia constitucional que hay al respecto. Establece que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Así, aborda todas las formas de discriminación, con especial hincapié al antigitanismo, que lo reconoce como un delito de odio en el Código Penal, al igual que la aporofobia –el odio al pobre–, una medida que celebraron especialmente los diputados gitanos de PSOE, Ciudadanos y de En Comú Podem.

Se trata de una ley de garantías que “no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen”, de forma que desarrolla el artículo 14 de la Constitución e incorpora la jurisprudencia constitucional que hay al respecto.

Dicta que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La futura ley recoge medidas para evitar, entre otras, la discriminación laboral, sanitaria, en el acceso a una vivienda o en el ámbito educativo y determina que en ningún caso podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos por alguna de las causas establecidas en la ley.

La ley también crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que se encargará de proteger y promover lo que defiende la ley y en los ámbitos competencia del Estado previstos en la norma, tanto en el sector público como en el privado.

“Discriminar ya no saldrá gratis, gracias Pedro”, celebró la diputada socialista Beatriz Carrillo, quien tuvo esas palabras de agradecimiento para el fallecido Pedro Zerolo, impulsor de la ley. El PP, que votó en contra, a través de su diputada María Auxiliadora Pérez recordó que es una ley que ha tenido un largo recorrido por varias legislaturas y cuya filosofía ha compartido su grupo desde el inicio pero, en su opinión, ha empeorado el contenido en este tiempo, no aporta mejora a las víctimas y “creará problemas en lugar de aportar soluciones”.

Las sanciones

De 300 a 500.000 euros. La ‘ley Zerolo’ contempla un régimen de infracciones y sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros: leves entre 300 y 10.000 euros –básicamente las conductas “irregulares” pero que no tengan un efecto discriminatorio–, graves, entre 10.001 y 40.000 euros –los actos que constituyan una discriminación–, y muy graves entre 40.001 y 500.000 euros –el acoso o discriminación múltiple–. Las sanciones se aplicarán en función de la intencionalidad.