- José Ignacio Barinaga, propietario de la empresa Verter Recycling, gestora del vertedero de Zaldibar que se derrumbó hace casi dos años causando la muerte a dos de sus trabajadores, y el ingeniero jefe de esa instalación, Juan Etxebarria, se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante el juez.
Barinaga estaba citado a declarar como imputado en el procedimiento por un posible delito contra el medio ambiente y la salud pública, que se instruye en el Juzgado de Durango, en el que también figuran como investigados Etxebarria y la gerente o representante legal de la empresa, Arrate Bilbao, que comunicó el pasado viernes al juzgado que había contraído covid, por lo que su declaración se ha pospuesto.
La plataforma formada por Ekologistak Martxan y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria están personadas en este caso como acusación popular. Su letrado, Carlos Alonso, indicó a los medios que el proceso se encuentra aún en fase de instrucción, a pesar de que casi han pasado dos años desde que el 6 de febrero de 2020 el vertedero se colapsara y sufriera un alud de toneladas de residuos, que causó la muerte de dos operarios de esa instalación, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.
Alonso explicó que las dos personas investigadas por esos hechos que acudieron a declarar optaron por la estrategia de no declarar y que se deberá señalar fecha para la declaración de Bilbao. Indicó además que se ha solicitado un informe pericial a la unidad especial de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado, respecto a toda la información que hay en autos que ocupan ya quince tomos, y también se va a realizar el nombramiento de un perito de designación judicial que elaborará otro informe.
La investigación sobre ese vertedero continuará y se estudiarán también los documentos relativos a las labores de búsqueda de los cadáveres de las dos personas que quedaron sepultadas, y las posteriores obras asentamiento del vertedero y aseguramiento del terreno. “Es impredecible” determinar cuando terminará la instrucción ya que la Fiscalía y la acusación popular han pedido ampliar el plazo para la investigación que inicialmente terminaba en enero, por la complejidad del caso.
Medio centenar de personas se concentraron a las puertas del Juzgado convocados por la plataforma Zaldibar Argitu a la llegada de los investigados para exigir que se depuren responsabilidades por aquel desprendimiento. El representante de Zaldibar Argitu Gaizka Zabarte señaló que en el procedimiento judicial no solo deberían estar los responsables de la empresa propietaria, sino también de las instituciones vascas, porque “sin un marco legal que permitiera su actuación no hubiera ocurrido el desprendimiento”.
El procedimiento por el fallecimiento de los dos trabajadores se cerró el pasado verano con un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, que asumieron su responsabilidad en esas muertes aceptando una pena de seis meses de prisión e indemnizaron a las familias de los fallecidos, y eludieron así entrar en la cárcel. La acusación popular en la causa por el posible delito contra el medio ambiente aún no ha sido informada de esa sentencia, según reprochó ayer el letrado a las puertas del juzgado de Durango.
Juicio
José Ignacio Barinaga, propietario de Verter Recycling, empresa que gestionaba el vertedero de Zaldibar que se derrumbó el 6 de febrero del año 2020 y sepultó bajo los escombros a dos trabajadores -los fallecidos Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze-, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Durango que instruye la causa abierta por supuesto daño medioambiental. Lo mismo hizo el ingeniero jefe Juan Etxebarria, que también fue citado por el juez del caso. La representante legal de la empresa, Arrate Bilbao, no ha podido comparecer ante la autoridad judicial tras haberse contagiado de covid-19.
