El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un Real Decreto bajo el cual se firmarán 16 convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades del Tercer Sector, como Cáritas y Hogar Sí, entre otras, para el despliegue de las políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Los convenios se firmarán antes de que termine el año 2021 y serán financiados con 109 millones del Plan de Recuperación, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en un comunicado recogido por Europa Press.

De los 16 convenios, nueve serán desarrollados junto a CCAA (Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Ceuta) por un importe conjunto de 68 millones de euros.

Otros dos se realizarán junto con los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por un importe de 20 millones de euros, y los cinco restantes se firmarán con Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas por un importe de 24 millones de euros.

A través de estos convenios, las CCAA, ayuntamientos y ONG, desarrollarán proyectos piloto en todo el territorio del Estado. En el desarrollo de los mismos, el Ministerio colaborará con J-Pal y Cemfi, dos entidades dedicadas al conocimiento de la metodología de ensayos de control aleatorio vinculada a la reducción de la pobreza y a la desigualdad, así como a la economía del desarrollo.

Los itinerarios de inclusión partirán de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, pero podrán incluir a otras personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es llegar a distintos colectivos donde el IMV tiene una presencia particular, como las familias monoparentales, los menores en situación de pobreza, las personas sin hogar o las personas de etnia gitana.

Los convenios tendrán ámbitos de actuación en varias materias, como la educación, la despoblación, la vivienda, la conciliación o la digitalización, y tendrán un enfoque integral, según precisa el departamento que dirige José Luis Escrivá.

En esta primera fase se han impulsado los proyectos más avanzados, que contaban con una arquitectura sólida, tanto en infraestructuras como en recursos humanos, y que se focalizaban en colectivos y dimensiones determinantes del IMV en las localidades donde se van a desarrollar.