Tomando como referencia el aeropuerto de Hondarribia y la normativa vigente, un dron lo tiene complicado para volar en Gipuzkoa con arreglo a la ley. Lejos de su lúdica apariencia, estas aeronaves no son ningún juguete y pueden convertirse en un peligroso artefacto de acero con imprevisibles consecuencias si invaden el espacio aéreo e impactan contra un avión. De ahí que ningún dron pueda pilotarse a menos de 20 kilómetros de distancia de un aeropuerto. Es decir, trazando una frontera imaginaria, la aeronave no puede sobrepasar la línea que marca el Observatorio Metereológico de Igeldo, el puente del hipódromo de Lasarte-Oria y un tercer punto que se sitúa justo en la mitad de la localidad de Urnieta.
Dicho de otra manera. Todos aquellos drones que sobrevuelen en dirección a Hondarribia más allá del espacio indicado están incurriendo en una práctica ilegal. Lo curioso es que la tecnología vuela de manera veloz, mucho más rápido que la propia ley, de ahí que las imágenes aéreas del marco incomparable y de tantos otros atractivos parajes guipuzcoanos se sucedan. “Estamos ante un conflicto entre lo que piensan que tienen los pilotos en las manos y lo que dice la ley”, advierte Fernando Linares, gerente de la empresa Squadrones, pionera en Euskadi en operar estos aparatos.
El usuario ve en el dron una cámara que vuela. De hecho, en esta carrera desenfrenada de la sociedad actual que ha colocado a la imagen en un pedestal y todo el mundo parece pugnar por tomar el mejor selfi y las grabaciones más originales, se compra un dron para hacer fotografías y grabar vídeos. El problema es que estos aparatos no son ningún juguete sino aeronaves, como dice bien claro la legislación española.
El uso de estos dispositivos vuelve a estar de actualidad tras el incidente registrado el lunes en Madrid. La Guardia Civil mantiene activo el operativo de búsqueda para localizar el dron y el piloto que supuestamente sobrevoló las proximidades de las pistas del aeropuerto de Barajas, lo que obligó a cerrar el espacio aéreo alrededor de dos horas. Los agentes han tomado declaración a los dos pilotos que dieron la señal de alarma, aunque la Guardia Civil comienza a dudar de que fuera un dron.
Desde Gipuzkoa también se observa el incidente con cautela. Hay quien dice con cierta sorna que “se ha pasado de la época en la que se veían ovnis a ver drones a todas horas”. Existe el precedente de Gatwick, uno de los aeropuertos más importantes de Londres y con más tráfico de Europa, que dejó en tierra más de 1.000 aviones durante 30 horas poniendo en evidencia a las autoridades británicas. La investigación por estos hechos se remonta a diciembre de 2018. Los motivos, por el momento, siguen siendo un misterio.
Analistas guipuzcoanos consultados por este periódico indican que el sistema de detección de drones en el entorno de Barajas comprende un espacio aéreo que abarca toda la capital de Madrid y alrededores. Se trata de un sistema preventivo que depende directamente del Ministerio de Defensa, por el cual “todo aparato convencional, como son el 90% de las aeronaves que se comercializan en Gipuzkoa, es detectado inmediatamente. Se sabe dónde está el dron y el piloto”, explica Linares.
De ahí que a estas alturas, tanto los investigadores como los propios expertos hayan empezado a mostrar sus reservas sobre el objeto avistado el lunes pasado.
De lo que no cabe duda es que haberlos haylos, y cada día que pasa en mayor número. Aunque no existe un registro de la cifra de pilotos, en el Estado hay ya más de 4.500 empresas de drones, medio centenar de ellas en Gipuzkoa. Cuando menos resulta paradógico que si prácticamente no hay espacio para volar estos aparatos en el territorio, crezca el negocio como la espuma.
Ni siquiera es suficiente con disponer de un dron, haber realizado un curso de pilotaje, tener permiso para volarlo y llevar consigo una radio. Como mínimo, cada aparato exige 35 documentos entre registros en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), licencias, controles y prácticas de vuelo. “Por si fuera poco, la ley decía hasta ahora que para que sea considerado un juguete el aparato debía de pesar menos de 250 gramos, pero a partir de ahora ya no depende solo del tamaño. Estamos en una fase de transitoriedad pero en junio entra en vigor la nueva normativa que exige que todo aparato cuente con un sello de Europa que avala el producto, un requisito que ahora mismo no cumple ningún dron del mercado”, advierte este ingeniero industrial.
En esta carrera desigual entre la revolución tecnológica y la ley, hasta la propia policía se ve atrapada por la falta de un respaldo normativo en determinadas actuaciones. Así, según fuentes consultadas, interceptar un dron que pueda entrañar un peligro puede hacerse de diferentes modos, como por ejemplo con el lanzamientos de redes mediante bazokas o escopetas. Pero utilizar sistemas electrónicos mediante la inhibición de radiofrecuencias para subplantar la emisora del piloto y secuestrar el dron es, hoy por hoy, una práctica ilegal aunque la propia policía incurra en ella. “Ante estas nuevas realidades que pueden suponer una amenaza, están intentando cambiar el marco normativo porque se han dado cuenta de la imperiosa necesidad”, señalan las mismas fuentes.
Ejemplo de ello se pudo ver el año pasado en la final de la Champions League entre el Tottenham y el Liverpool, en el Wanda Metropolitano de Madrid. Un policía pegado a una aparatosa arma que parecía retrotraer a la Guerra de las Galaxias patrullaba las calles y zonas próximas al estadio para evitar que sobrevolaran drones intrusos. Más que un ataque terrorista, lo que se temía era la grabación ilícita de imágenes aéreas de la final de la Champions.
En concreto, un agente especializado perteneciente al Grupo de Protección Electrónica RPAS de la Policía Nacional fue el encargado de llevar el sofisticado armamento defensivo con el que neutralizar los posibles drones. En estos operativos, una vez localizados visualmente los objetivos, se apunta con la mira telescópica del fusil y se dispara un rayo invisible que neutraliza los sensores del dron.
Formación. Para manejar un dron es necesario contar con una formación previa de pilotaje.
Documentación. La estricta documentación (mínimo hacen falta 35 requisitos) es uno de los principales contratiempos.
Autorización. Casi toda Gipuzkoa cuenta con su espacio aéreo regulado, por lo que es necesaria una autorización antes.
6.000
La sanción mínima por no contar con la autorización o por volar un dron sin permiso es de 6.000 euros. El montante puede ascender hasta los 3 millones.
Escuela. Sqadrones realiza cursos de pilotaje de drones. Hace seguimiento de infraestructuras, grabaciones y también colabora ante emergencias.
