donostia - “Es un tratamiento que no responde a la necesidad que tenemos”, lamenta Fernando Otazua, el director técnico de la Asociación de Forestalistas de Gipuzkoa, el colectivo que agrupa a unos 2.500 propietarios de monte del territorio; principalmente baserritarras con una media de nueve o diez hectáreas cada uno. Muchos de ellos están autorizados desde ayer a aplicar en sus parcelas de pino insignis un tratamiento terrestre para combatir la enfermedad de la banda marrón, un hongo que acaba con las hojas y termina por secar los árboles. El problema, lamentan, es que entre los propietarios no hay casi nadie que disponga de medios técnicos para hacerlo, ni existen en los alrededores profesionales o empresas que se dediquen a fumigar árboles de hasta 22 metros de altura. “La mala noticia es que el Ministerio prohibiese la fumigación aérea”, lamenta el sector, escéptico ante esta medida. Casi indiferente.

La fumigación terrestre que autoriza de forma “excepcional” el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante la resolución dictada el pasado 6 de marzo por su Dirección General de Sanidad y Producción Agraria, podrá aplicarse en Gipuzkoa en 8.570 parcelas que ocupan un total de 5.561 hectáreas de pino insignis, según especificó ayer la Diputación de Gipuzkoa. Una superficie que representa apenas el 14% del total de las 39.703 hectáreas de esta especie que hay en el territorio en la actualidad, según datos publicados en enero en el Inventario Forestal del País Vasco.

Es decir, hay otras 34.142 hectáreas de pino insignis en Gipuzkoa que se encontrarían en zonas de exclusión o protegidas, bien porque se hallan a menos de 100 metros de cualquier zona urbana, vivienda, caserío, río, fuente de agua, acuífero u otras zonas sensibles, o porque tienen más de 25 años. Y por tanto, no podrán ser tratadas con esta solución preventiva que evita los nuevos contagios, es decir, no cura el árbol que ya está enfermo.

Se calcula que ya son unas 19.000 las hectáreas afectadas por la banda marrón, lo que equivaldría a unos 9,5 millones de pinos si tenemos en cuenta que en cada hectárea hay una media de unas 500 unidades.

El Ejecutivo foral, a través del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, publicó ayer en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) la orden foral que traspone la resolución del Ministerio de Agricultura y es esta orden foral la que define el cómo, quién y dónde puede aplicar esta técnica de fumigación terrestre en Gipuzkoa. Bizkaia ya lo hizo el 27 de marzo, pero con menos especificaciones a la hora de indicar quién está autorizado a fumigar y quién no.

De hecho, a diferencia de Bizkaia, la Diputación de Gipuzkoa ha publicado un listado con la descripción cartográfica de las parcelas susceptibles de tratamiento: las citadas 5.561 hectáreas de esas 8.570 parcelas en 83 municipios. Y lo ha hecho indicando, además, en cada una de esas parcelas, qué superficie puede ser fumigada y cuál debe mantenerse en el área de seguridad. La más grande de las parcelas que se podrá fumigar en el territorio está en Altzaga y cuenta con 47,6 hectáreas tratables y otras 20 protegidas. Sin embargo, muchas de esas parcelas autorizadas tienen apenas 1.000 metros cuadrados, es decir, una décima parte de una hectárea. Este tratamiento no se podrá aplicar en terrenos que no estén expresamente en dicho listado.

pinos de menos de 25 años. El tratamiento solo se podrá aplicar a pinos de menos de 25 años y con una defoliación o pérdida de hoja inferior al 75%, es decir, que aún tengan posibilidades de salir adelante. Hay que tener en cuenta que los pinos normalmente se dejan madurar hasta los 35 o 40 años antes de su tala, ya que es entonces cuando se pueden emplear para la fabricación de mueble y ofrecen mayor rentabilidad. A menos años, sus usos son de menor valor añadido (embalajes o pasta de papel) y su rentabilidad es menor.

Según explicaron a NOTICIAS DE GIPUZKOA desde la Asociación de Forestalistas de Gipuzkoa, “el tratamiento terrestre lo que tiene que hacer es mojar las acículas verdes, para protegerlas y que no se infecten. Y hay que hacerlo desde el suelo. Eso es la solución terrestre. Si el árbol es de 18 años y las acículas están a 15 o 16 metros, lo importante es llegar a las hojas que están cuatro o cinco metros por debajo de la copa, y para eso es necesaria maquinaria que normalmente no tiene un propietario de monte entre sus herramientas”, asegura Fernando Otazua, director técnico de los forestalistas.

Es decir, aunque el producto que se aplicará, una solución con el 75% de óxido cuproso, es barato en sí -cuesta unos 30 euros por hectárea-, su aplicación en altura requiere del acondicionamiento previo de pistas forestales para facilitar el acceso de camiones equipados con cañones que puedan impulsar la sustancia hasta la copa de los árboles. Es decir, en muchos casos, sería necesario el alquiler de excavadoras, camiones y cañones, lo que dispararía el coste de la actuación. Y ante ese escenario, para los pequeños propietarios, que “son la mayoría”, recalca Otazua, la única solución es asociarse. “Se tendrían que juntar” para hacer que el coste por hectárea sea razonable.

Sin profesionales acreditados De hecho, la propia orden foral especifica que el tratamiento será realizado por “aplicadores con cualificación y registrados en el ROPO”, el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria. Es decir, “hay que contratar el servicio y tampoco hay profesionales en los alrededores que utilicen ese tipo de productos porque nadie está tratando árboles de esas alturas con fungicidas”, destacan los forestalistas. Otro de los problemas, asegura Otazua, es la planificación de estas actuaciones, que requieren de buena climatología, lo que supone otro problema añadido en estas fechas.

Las esperanzas de los propietarios residen, reconoce Otazua, en el tratamiento experimental que lleva a cabo el centro tecnológico Neiker, que está probando soluciones aéreas y terrestres en 1.050 hectáreas de los tres territorios de la CAV. “Esperamos que no haya problemas medioambientales, los resultados sean exitosos y el año que viene pueda aplicarse la forma más efectiva de luchar contra este tipo de plaga, que es la aérea”, precisó Otazua.

Orden foral del 3 de abril. La orden foral publicada ayer en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) regula las condiciones para la aplicación en uso terrestre de la solución del 75% de óxido cuproso contra enfermedades criptogámicas defoliadoras en coníferas de montes de Gipuzkoa.

Nordox. Cobre Nordox es el nombre comercial de la solución química. El coste del producto viene a ser de unos 30 euros por hectárea, pero su aplicación en las zonas altas de los árboles requiere de maquinaria pesada, cañones para fumigar y el acondicionamiento de pistas forestales para acceder en camión a dichas zonas, lo que dificulta y encarece la solución para los propietarios con menos superficie. Este fungicida (75% de óxido cuproso) no está indicado para pinos y es por ello que ha requerido de la autorización “excepcional” del Ministerio.

Lista de parcelas autorizadas. Se puede consultar en la web https://www.gipuzkoa.eus/es/web/mendiak-eremunaturalak/gestion-montes/forestal/sanidad-forestal.

Dos veces antes del 29 de julio.

Se permiten dos aplicaciones antes del 29 de julio con un invervalo entre aplicaciones de 14 a 21 días.