“Las declaraciones del director de Gaztelueta fueron inapropiadas”

bilbao - El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, aseguró ayer durante una rueda de prensa en la que tocó diversos temas, que las declaraciones del director del colegio Gaztelueta, Imanol Goyarrola, fueron “inapropiadas”. Erkoreka también respondió al padre de la víctima de abusos sexuales al señalar que “no sería legal” retirar las subvenciones públicas que recibe este centro de educación concertada.

El pasado jueves el responsable de Gaztelueta sostuvo que cree en la inocencia del exprofesor del colegio, por mucho que una sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia le condene a once años de cárcel por delitos sexuales continuados a un menor. Es más, Goyarrola desacreditó tanto el fallo de los magistrados como diversos puntos de su contenido y volvió a insistir en la falta de credibilidad del relato del antiguo alumno -del que él mismo fue perceptor-. Estas palabras fueron calificadas ayer como “inapropiadas” por parte de Erkoreka, que también expresó su comprensión ante el “dolor” que estas han podido causar en la víctima y en su familia. De hecho, el padre, Juan Cuatrecasas, desveló que sus abogados están sopesando emprender acciones legales contra Goyarrola. Además, Cuatrecasas reclamó al Ejecutivo vasco que retire “cualquier tipo de subvención o ayuda pública” a esta entidad y que exija el cese de su director. En este sentido, el portavoz del Gobierno Vasco descartó ayer ambas posibilidades. “No sería legal que desde el Departamento de Educación se decidiera suprimir la concertación cuando el centro cumple lo establecido en la ley que regula los conciertos educativos”, argumentó Erkoreka. Es más, para el integrante del Ejecutivo vasco, quitar la subvención a Gaztelueta a través de una medida “unilateral” que incumpliera la normativa no solo sería “ilegal”, sino que también resultaría “injusta” porque perjudicaría a los alumnos que actualmente están matriculados en este colegio.

Erkoreka explicó que la normativa contempla determinados supuestos en los que es posible rescindir una ayuda concertada, pero matizó que entre ellos no se encuentra el de “una declaración crítica con una sentencia”. Respecto a la opción de cambiar la legislación para incluir algún concepto relativo a lo que se ha visto en este caso, Erkoreka esgrimió que “modificar puntualmente la política de concertación” para retirar los fondos públicos que recibe el colegio es “difícil”, dado que la normativa que regula estas situaciones, por las que el Ejecutivo vasco financia algunos centros es “muy rígida”. Por todo ello, el portavoz de Lakua resumió: “Es muy poco lo que el Gobierno puede hacer ahí”.