la suya fue una lucha relegada a un rincón de la historia que, sin embargo, cobra hoy más vigencia que nunca. Al hablar de los derechos de los presos, son las personas privadas de libertad por motivos políticos quienes monopolizan el debate. Lo hicieron durante las tres amnistías aprobadas en los 70 y continúa siendo la tónica dominante. ¿Y qué ocurre con los reclusos sociales? Los más jóvenes, quizá, no tengan referencias de la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha, COPEL, un colectivo que, con la muerte del dictador, mantuvo en jaque durante tres años al Estado, protagonizando una lucha sin cuartel para conseguir cambios en el sistema penitenciario. “La situación actual es mucho peor a la que vivimos entonces. Los reclusos están muriendo como chinches. La lucha de los presos sociales está más vigente que nunca”, reconoce Daniel Pont, que entró en la cárcel a los 17 años y pasó entre rejas buena parte de su vida, convirtiéndose en uno de los principales fundadores de la coordinadora de presos sociales.

El pasado y el presente se dan la mano. Pont observa con preocupación la escasa dignificación del colectivo con el curso de los años. “En la última década han muerto 4.000 reclusos, con un promedio de 200 a 300 anuales”. Según los datos recabados de Instituciones Penitenciarias, las sobredosis por drogas y los suicidios son los principales motivos. “También las muertes naturales, según nos dicen, aunque nadie lo puede saber con certeza porque no se practican autopsias salvo que lo pidan expresamente las familias”, precisa.

Desde 2006 el consumo de drogas ha provocado 416 muertes y el suicidio, 266. Está a la orden del día el abuso de sustancias ilegales y el de psicofármacos, que “convierten a los presos en corderitos que van al dispensario a por sus dosis”.

Con este sórdido escenario como telón de fondo, y tras cuatro décadas de aquella lucha social desigual, Pont es hoy una de las personas que ha impulsado el documental COPEL: una historia de rebeldía y dignidad, que se proyectará mañana a las 18.00 horas en la Sala Reina de Errenteria.

Decenas de entrevistas con expertos, abogados y periodistas de la época propician, tras la visión de la cinta, un debate que pone sobre la mesa lo mucho que queda por hacer para que las cárceles y el sistema penal funcione con arreglo a la ley. Como si los males del pasado volvieran aún con mayor intensidad, el fundador del movimiento se muestra convencido de que las prisiones siguen siendo espacios opacos en los que la sociedad civil no tiene control alguno. “Se construyen lejos del centro de las ciudades. Son atomizadas, modulares, lo que impide la relación entre los reclusos. La situación actual no es nada halagüeña, de ahí el interés por el documental que presentamos. Además de dar luz a luchas olvidadas, tenemos que dar voz a los que no la tienen, a personas que están peor de lo que estuvimos nosotros entonces”.

Tras la Ley de Amnistía de 1977, que benefició principalmente a presos políticos, quedaron en las cárceles del Estado unas 10.000 personas. El volumen de reclusos no ha dejado de crecer desde entonces hasta alcanzar los 70.000 presos que, tras el leve descenso de los últimos tiempos, se sitúa actualmente en unos 60.000. El número de mujeres privadas de libertad ha pasado de 500 a 3.000. “La COPEL nació en aquel contexto que supuso el cambio de la dictadura a la democracia. Se aprobaron tres amnistías pero los presos sociales nos vimos marginados, una vez más, en el cajón social de la historia de los don nadie”.

La ‘Gandula’

Asegura Pont que si se toma como referencia a los presos sociales actualmente, la mayor parte son trabajadores, extranjeros y personas en riesgo de exclusión. “Seis cada diez han entrado en prisión por delitos relacionados con drogas y tráfico de sustancias a pequeña o mediana escala”. Daniel Pont entró en prisión en aquella época en la que estaba en vigor la Ley de Vagos y Maleantes, que se sustituyó por la Ley de Peligrosidad Social en 1970, y que continuó hasta 1996.

La extracción social de los que sufrieron la conocida como Gandula era bastante baja. Había un nivel elevado de analfabetismo, y una falta de conciencia y de unidad absoluta. Aunque no hay comparación que valga con respecto a los que supuso la COPEL, actualmente hay un núcleo minoritario de presos sociales que “luchan por evitar los aislamientos prolongados y la práctica de palizas”. Una treintena de ellos comenzaron a movilizarse el pasado 1 de mayo, y acaban de secundar una huelga de hambre que ha tenido lugar durante la primera quincena del mes de octubre. Desde su experiencia y activismo, asegura Pont que la reinserción es “pura falacia”. La coartada, dice, para quienes quieren mantener la supremacía de clase. “Solo así se entiende que no haya talleres, que los derechos laborales brillen por su ausencia, que la mano de obra sea tan barata que roza el esclavismo y que las tareas que se aprenden en prisión no tengan una aplicación real en la vida social”.

Proyección. La Sala Reina de Errenteria acogerá mañana la presentación del documental COPEL: una historia de rebeldía y dignidad, en un encuentro organizado por la Asociación La Ilusión. “Cuando toda España brindaba por la supuesta democracia, cientos de presos tuvieron que organizarse, con coraje y determinación, para luchar por la libertad”, reza el cartel de presentación.

Hora. El acto comenzará a las 18.00 horas y tras la proyección se celebrará una mesa redonda moderada por el periodista Mariano Ferrer, en la que intervendrán el autor del documental, Daniel Pont, el sociólogo César Manzanos y Jose Larrañaga, presidente de la Asociación Arrats, que presta asesoramiento jurídico a las personas privadas de libertad.