Una red que traía pakistaníes a Gipuzkoa para cobrar las ayudas sociales defrauda 3,8 millones

donostia - La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado pakistaní en Gipuzkoa a través del cual decenas de compatriotas han defraudado en ayudas sociales casi 3,8 millones a Lanbide y a la Diputación foral. En total, ha habido 186 detenidos, la mayoría en este territorio.

Beasain era su centro de operaciones para llevar a cabo la falsificación de documentos, aunque la red operaba desde Pakistán, desde donde han estado trayendo a inmigrantes ilegalmente al País Vasco para que cobraran las ayudas con papeles falsos. La mayor parte del dinero que recibían cada mes era enviado a través de locutorios al país asiático.

Las sospechas comenzaron cuando se comprobó, en agosto de 2016, que existía un flujo migratorio clandestino de ciudadanos de origen pakistaní en Gipuzkoa. Las investigaciones posteriores concretaron que se trataba de una red internacional dedicada al tráfico de seres humanos desde Pakistán a Euskadi. Vía Italia o Grecia, o directamente Barcelona, introducían en el Estado de manera clandestina a ciudadanos extranjeros paquistaníes a cambio de dinero.

Desde un piso de Beasain, los principales investigados, dos ciudadanos de nacionalidad pakistaní, distribuían entre sus compatriotas documentación falsa o falsificada a cambio de 350 o 400 euros. Con los papeles en regla, estas personas podían solicitar ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que otorga el Gobierno Vasco a través de Lanbide -con requisitos como tres años de empadronamiento efectivo en la CAV y que está en proceso de reforma- o la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), creada por el Ejecutivo de Bildu y que el actual Gobierno foral ha sustituido por el programa Elkar Ekin de inclusión social.

No solo certificados de empadronamiento, también facilitaban a sus clientes pasaportes, contratos laborales u otro tipo de documentos que les permitieran acceder a las ayudas sociales. La Diputación de Gipuzkoa aclaró ayer, a través de una nota, que la documentación falsificada eran certificados de bienes.

El principal investigado fue sorprendido en Beasain con una bolsa con documentos falsos en su interior a nombre de otros ciudadanos de Pakistán. Además, él mismo, haciendo uso de este mismo método, había cobrado 13.690 euros de la Ayuda de Garantía de Ingresos.

En total se estima que se defraudaron a los fondos de bienestar social un total de 3.774.920 millones de euros, ya que, en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa y el Servicio Vasco de Empleo, la Policía Nacional detectó documentos falsos en un total de 320 expedientes -215 correspondientes a la AGI y 105 a la RGI-, según informó ayer el subinspector de la brigada de Extranjería en Donostia, José Manuel Portela. Los fraudes se concentraron, sobre todo, en Azpeitia, Azkoitia, Eibar y Elgoibar.

a punto de huir La Policía Nacional identificó y detuvo a un total de 186 pakistaníes que se pudieron beneficiar de este fraude a las ayudas sociales, la mayoría en Gipuzkoa. Concretamente, la Brigada Provincial de Donostia realizó 163 arrestos, mientras que los 23 restantes se repartieron por la geografía peninsular, ya que algunos de estos ciudadanos ni siquiera residían en el territorio. De este modo, se llevaron a cabo detenciones en Bilbao, Castellón, Alicante, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Albacete y Santander. Además, alguno fue capturado antes de que huyera fuera del Estado, ya que también hubo detenciones en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Loiu. Todos ellos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Donostia, que coordina la investigación del caso.

A pesar de las indagaciones, la Policía calcula que todavía hay 59 personas vinculadas al fraude que se encuentran en paradero desconocido. Se sospecha que ni siquiera han estado nunca, no ya en Gipuzkoa, sino en el Estado español, porque algunos residen en ciudades de Holanda, Italia, Grecia, Pakistán y Emiratos Árabes. Concretamente, el 11 de septiembre fue detenido por los policías de la comisaría de Donostia un ciudadano que cobró 9.986 euros mientras residía de forma legal en Italia.

El dinero que recibían los solicitantes mensualmente, “en muchas ocasiones” era enviado “al día siguiente” de ser ingresado “a Pakistán, probablemente a la propia organización, a través de locutorios”, según explicó Portela, quien concluyó ayer que “las vías de entrada están detectadas, la organización también”, por lo que “ahora falta poder erradicar en origen ese flujo”.