Donostia. El Equipo Piscosocial Judicial de Euskadi atendió en 2014 a 9.475 personas, de las que 5.058 fueron menores infractores y sus familias.
El director de Administración de Justicia del Gobierno Vasco, Jon Uriarte, ha aportado hoy datos de la actividad de este organismo, cuyas funciones consiste, entre otras, en auxiliar a la Justicia en la evaluación psicosocial y asistir a menores o personas vulnerables implicadas en procedimientos civiles o penales.
Uriarte ha ofrecido estos datos durante su intervención en la clausura de un curso de verano de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) titulado "Niños y niñas víctimas y testigos en los procedimientos judiciales, implicaciones desde la psicología forense", ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.
De las 9.475 personas atendidas el pasado año por este servicio, 5.058 fueron menores infractores y sus familias, mientras que 4.191 fueron miembros de unidades familiares evaluadas en informes de familia y 226 eran menores víctimas de las que evaluaron la credibilidad de sus testimonios o el daño psicológico sufrido.
El equipo tramitó 2.970 demandas de intervención pericial, de las que 1.242 fueron evaluaciones psicosociales de unidades familiares y 1.537 demandas de informes o procedimientos de mediación sobre menores infractores.
Además, este organismo se encargó de 177 asistencias psicológicas a testimonios y elaboró 14 informes relacionados con el daño psicológico en víctimas.
El Equipo Psicosocial Judicial está formado por tres grupos que se sitúan en las sedes judiciales de Bilbao, San Sebastián y Vitoria y está conformado por un coordinador de la comunidad autónoma, tres coordinadores territoriales, psicólogos, trabajadores sociales, educadores y personal administrativo.
Este servicio trabaja fundamentalmente en tres ámbitos, tal y como ha explicado Uriarte: la evaluación pericial psicosocial en procesos matrimoniales y en casos de protección de menores; elaborar informes sobre testimonios vulnerables y asistir a las declaraciones en la jurisdicción penal; y la evaluación psicológica, sociofamiliar y educativa sobre menores infractores.
