en el mundo existen cerca de mil millones de personas con discapacidad: mujeres, hombres, niñas y niños de todas las edades. Crecen y viven en contextos culturales, políticos y económicos diferentes, en los que no siempre se respetan sus derechos. Pero también hay personas como Ana Peláez, miembro del Comité de Naciones Unidas para la personas con discapacidad, o Javier Güemes, director adjunto del Foro Europeo de la Discapacidad, que luchan cada día por que se respeten sus derechos y que poco a poco se logre alcanzar una igualdad real.
Ambos estuvieron el viernes clausurando el seminario de Cooperación Internacional de la Once, en su sede de Donostia, con un relato sobre la lucha en los organismos mundial por la igualdad de derechos.
Ya en el año 82, se aprobó un plan de acción mundial para las personas con discapacidad, frente a algunas vulneraciones de Derechos Humanos, de los que se tenía ya constancia en el sistema de la ONU. Pero, como recuerda Peláez, "no fue hasta 2006 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad".
Los estados que forman parte de la ONU deben ratificar esta convención para que exista una verdadera vinculación con los ordenamientos jurídicos. Y fue en 2007 cuando España lo hizo, convirtiéndose en el noveno país de las Naciones Unidas en reconocer los derechos de los discapacitados. El Comité de la ONU procedió entonces a analizar este país para detectar las vulneraciones de sus derechos.
El organismo se reunió durante seis horas con las máximas autoridades del Gobierno en esta materia. También recibió un informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y otro del Defensor del Pueblo español. Y con todo ello, elaboró unas observaciones finales. Según argumenta Peláez, "se vio que existía una diversidad geográfica en la que estas personas, por vivir en zonas diferentes, tenían derechos diversos. Y eso atenta directamente contra la convención y las obligaciones que tienen los estados de la ONU".
Otro de los problemas que el comité detectó en el Estado español fue que la legislación discrimina por razón de discapacidad y que la educación inclusiva no garantiza la igualdad de oportunidades de los más pequeños. También advirtió al Gobierno que las mujeres y niñas con discapacidad no tenían instrumentos adecuados para resolver situaciones de violencia de género, después de constatar que en esa población la tasa de casos es cuatro veces superior al del resto.
Para la representante española en la ONU de las personas con discapacidad, lo más importante que el organismo internacional detectó fue "que no se podía seguir incumpliendo uno de los artículos que dice que todas las personas son iguales ante la ley, y que por tanto las incapacitaciones judiciales son inconsistentes con la convención".
Asimismo, se consideró como la principal debilidad del Estado, como detalla Peláez, que quienes están "a la cabeza de la exclusión que conlleva la crisis financiera son las personas con discapacidad".
un futuro esperanzador Aunque la visión respecto a la garantía de derechos de las personas con discapacidad en el Estado español no es tan negra como parece. "España tiene modelos maravillosos. Y creo que la Once Fundación es uno de ellos, donde se está demostrando que la igualdad, la no discriminación y la autodeterminación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida se puede cumplir, y se puede lograr. Y eso tiene que ser modelo para otros muchos países", asegura Peláez.
Por su parte, Javier Güemes advierte de que hay una gran inexistencia de datos sobre este campo que ya está siendo resuelta. Y afirma que "la Unión Europea tiene mucho que aportar". "Desde el Foro Europeo de la Discapacidad estamos luchando para que estas personas entren en los porcentajes que se quieren mejorar en Europa, tanto de empleo, abandono escolar, acceso a la educación universitaria y disminución de la pobreza".
