Bilbao. Dos meses a la espera de un juicio que hasta ayer parecía no llegar nunca, y sobrellevando esa privación de libertad gracias a la camaradería de otros marineros que les llevan comida y ropa, y al siempre fiel aunque lejano calor familiar. Esta es la situación que les ha tocado vivir a dos arrantzales de Bermeo, capitán y patrón de pesca del Almadraba Uno, acusados de un delito ecológico después de que el pasado 2 de agosto el buque embarrancara frente a las costas de Senegal, en el parque natural de Isla Magdalenas en concreto.
El atunero, perteneciente a la compañía gallega Petusa (Pesquería de Túnidos SA) abandonaba el país después de haber llenado los tanques de combustible y, por causas que se desconocen, encalló a pocas millas de Dakar provocando un vertido en una zona de alto valor ecológico. Tras este desastre, las autoridades senegalesas han aplicado el ojo por ojo y reclaman a la aseguradora de la empresa 3,5 millones de euros en concepto de los daños causados en ese paraje protegido.
De hecho, en un primer momento, la tripulación al completo del buque fue retenida en un hotel de la capital, Dakar. Mes y medio después del accidente marítimo, las autoridades senegalesas pusieron en libertad a todos ellos excepto a los dos arrantzales de Bermeo (el capitán J.A.A. y el patrón de pesca J.A.) y al marinero de nacionalidad ghanesa que en el momento del siniestro, de madrugada, hacía la guardia en el puente. Los tres, desde mediados del mes de septiembre duermen en el calabozo. Incomunicados.
El único contacto que tienen con sus familias es a través del consulado español en este país situado al oeste del continente africano. Después de cuatro aplazamientos un tanto sui géneris (el último fue debido a la falta de transporte para los detenidos hasta el tribunal, y el anterior porque el intérprete con el que la tripulación compareció en la sesión no tenía la titulación homologada) la esperanza de ambas familias era que el proceso se hiciera efectivo de una vez por todas. "Es como una película mala que no se acaba nunca. No entendemos porqué tienen que estar en la cárcel. Nos da la sensación que no se está haciendo nada", expresaba la esposa del patrón. De hecho, sospechan de una maniobra de dilación en las autoridades senegalesas con el objetivo de cobrar la sanción de 3,5 millones de euros determinada por los presuntos daños medioambientales ocasionados antes de dejar en libertad a los arrantzales.
