Donostia. Gipuzkoa es el territorio vasco en el que más abortos se practican cada año. No hay más que echar un vistazo a la evolución que siguen estas prácticas. Desde 1995 hasta 2007, la cifra ha ido en aumento en Euskadi, siendo Gipuzkoa el lugar con mayor tasa de Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) por cada mil mujeres en edad fértil.
Si bien se registraron un total de 2.996 interrupciones del embarazo en la CAV durante 2008, con una tasa de abortos de siete por cada mil mujeres, en Gipuzkoa se registró un valor que sobrepasaba las ocho interrupciones.
En segundo lugar se encontraba Bizkaia con una tasa de casi siete y medio, mientras que en último lugar estaba el territorio alavés con apenas dos y medio abortos por cada millar de mujeres en edad de procrear. Aún y todo, las cifras obtenidas situaría a la CAV en un nivel "medio-bajo", en comparación con el resto de comunidades autónomas. La media del Estado se estableció en los doce abortos, siendo Murcia el lugar el que más abortos se practicaron, rozando una tasa de 16 IVE.
Estos datos están recogidos en un informe que ha realizado el Departamento de Sanidad y Consumo, a instancias del Parlamento Vasco, entre los meses de diciembre de 2009 y febrero de 2010. En este tiempo fueron entrevistados 34 profesionales del sector.
El documento recoge los datos previos a la aprobación de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se hizo efectiva a principios de junio. Hay que recordar que la anterior Ley del Aborto permitía la interrupción del embarazo sólo en tres supuestos: "que sea necesario para evitar grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada", "que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito", y "que se presuma que el feto vaya a nacer con graves taras físicas o psíquicas".
La memoria, a la que ha tenido acceso este periódico, analiza qué problemas de accesibilidad social, barreras culturales y económicas impiden a las mujeres interrumpir sus embarazos. Asimismo, se analizan las causas y los "problemas estructurales" que llevan a las mujeres a utilizar la red privada a la hora de realizar las IVE, en perjuicio de los centros de la red pública.
financiación El informe revela que por cada interrupción que se realizó en 2008 con financiación pública, cinco fueron sufragadas por la propia mujer. De hecho, de los 2.996 abortos, 2.529 se realizaron en centros privados y financiadas por ellas mismas.
En estos casos, las mujeres acogieron al supuesto de "peligro para la salud física o psíquica de la embarazada", puesto que es por ley el único caso que pueden aceptar en las clínicas de la red privada. De los abortos que se realizaron en los centros de Osakidetza, el 97% de las mujeres se acogieron a la de "presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras".
Todas las mujeres pueden recibir financiación pública a la hora de realizar una interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, mediante sus Direcciones Territoriales, subvencionó las intervenciones, siempre basándose en los citados tres supuestos. Hace dos años, 189 abortos se realizaron en los propios hospitales de Osakidetza y 249 fueron llevados a cabo en el Módulo de Asistencia Psicosocial (MAPS) de Rekalde, en Bilbao. Asimismo, mediante reembolso de los gastos, Sanidad pagó 29 IVE en centros externos a la red pública, con un coste total de 13.958,7 euros.
De esta treintena, siete se realizaron en Gipuzkoa y tuvieron un precio de 2.555 euros. En este sentido, hay que indicar que en Gipuzkoa sólo hay dos centros que realizan este tipo de intervenciones. Una es la Clínica del Doctor Prada y la otra es el clínica de Salud Sexual Askabide en Donostia.
perfiles El informe explica que no ha habido prácticamente ningún cambio en el perfil de la mujer que aborta. Ronda entre los 20 y 30 años, "es activa laboralmente, tiene estudios de segundo grado o superiores y no se ha sometido a otras IVE", aunque en 2008 no fue del todo así. Una de cada cuatro mujeres que abortaron, ya lo habían hecho con anterioridad.
Por su parte, durante ese año también se practicaron 320 interrupciones del embarazo a adolescentes y adultas jóvenes, menores de 20 años. El 87% de este colectivo afirmó "no utilizar ningún centro de planificación familiar para recibir información o asesoramiento sobre la utilización de métodos anticonceptivos". Aseguraron, a su vez, que no usaban preservativos porque les resultaban "caros". Además, sus parejas tampoco se responsabilizan de tomar medidas anticonceptivas.
La información con la que cuentan los jóvenes sobre los anticonceptivos "es suficiente, pero no así su formación en dichos métodos, en las consecuencias de un embarazo a su edad o de una IVE". Los expertos consultados para realizar la memoria manifiestaron que este sector de mujeres es "psicológicamente inmaduro".
Desde el 2007, se añade un nuevo perfil a los citados con anterioridad, puesto que desde aquel año se conoce el país de procedencia de las mujeres que se someten a una IVE. En 2008, un total 918 mujeres extranjeras abortaron en Euskadi y las principales nacionalidades fueron la "sudamericana", la "paraguaya" y la "argentina". "Suelen ser mujeres sin pareja estable y que ya tienen niños en sus países de origen", concluye el informe.
barreras En cuanto a las dificultades que encontraban las mujeres a la hora de llevar a cabo una IVE, el informe clasifica tres principales. En primer lugar, afirma que hay una notable desigualdad en la disponibilidad de los recursos sanitarios en los tres territorios. Al hilo de este asunto, comenta que el único territorio que cuenta con MAPS es Bizkaia, con lo que si los centros sanitarios de Osakidetza rechazan una petición de aborto, en Gipuzkoa y en Álava no pueden acudir a este tipo de centros y se ven obligadas a salir de la red sanitaria pública y acudir a centros privados.
En segundo lugar, se muestra que el acceso a un IVE en un centro privado es "más directo" que en uno público. Los hospitales públicos cuentan con un comité que evalúa la petición de interrumpir el embarazo. En el caso de que se hubiese cumplido alguno de los tres supuestos que contemplaba la anterior Ley no habría ningún problema. En el caso de no hacerlo, la mujer debía recurrir a las Direcciones Territoriales de Sanidad o a clínicas privadas. Sólo 0,97% de las que decidieron interrumpir la gestación lo hicieron en las delegaciones de Sanidad de los tres territorios.
Los distintos expertos consultados para realizar el análisis afirmaron que la vía pública contaba con trámites demasiado "burocráticos". El documento concluye que cuando la mujer desea practicar una IVE, ésta encuentra en un "momento muy delicado" de su vida y quiere "dar solución lo más rápido posible a una situación difícil". "Las mujeres intentan asumirlo económicamente ya que no les compensa realizar todo el papeleo", aclara la memoria.
En cuanto a los centros sanitarios, el texto asevera que las mujeres acudieron a los mismos por "por iniciativa propia o derivadas de los centros públicos". En este caso, surgía una barrera económica. Las mujeres con pocos recursos eran las que más problemas tenían para acceder a las IVE en estas clínicas.
Al hilo de este asunto, los centros privados subvencionaron parcial o totalmente a las personas que acudieron con informes de precariedad social, remitidos por los Servicios Sociales de las distintas instituciones, como los consistorios o las diputaciones.
Además, las mujeres contaban, si lo deseaban, con financiación pública. Pero acostumbraban a no querer retrasar más la intervención del embarazo, puesto que no querían que su caso fuese conocido por más gente o no querían entrar en proceso excesivamente burocrático.
