A las 13:00 horas de este miércoles la web de Moncloa ha publicado los documentos desclasificados del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Se trata de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", según explicó la portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz. De los documentos se extrae que varios miembros del CESID participaron en el intento de golpe de Estado e intentaron encubrirlo. También se desvela que los militares que entraron en RTVE tenían orden de tirar a matar. Respecto al rey Juan Carlos I, en un manuscrito sobre la planificación presunta del golpe se indica que era un "objetivo a batir a anular".
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Respecto a la figura del rey Juan Carlos I, el plan indicaba como fallos a corregir para sucesivas actuaciones y sugerencias de cara al futuro "dejar al “Borbón” libre y tratar con él como si fuese un caballero". También considerar que "el Rey seguirá adelante en un intento preciso de tener un gobierno en los socialistas, no asumiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar". Por ello consideraban que era un "objetivo a batir y anular".
hace 47 min
El plan de los golpistas:
- Ocupación de edificios estratégicos (Palacio de la Zarzuela, Congreso, ministerios, Dirección General de Seguridad, RTVE, cuarteles generales).
- Neutralización de comunicaciones telefónicas y radiofónicas.
- Control de aeropuertos y estaciones ferroviarias.
- Detención de personalidades consideradas decisivas.
- Organización por fases (denominadas ALFA, BETA y GAMMA).
- Establecimiento de centros de concentración para detenidos.
hace 50 min
Uno de los documentos desclasificados detalla el intento golpista. En él se distingue entre operaciones civiles —de orientación democristiana, socialista o liberal— y operaciones militares, atribuidas a distintos niveles de mando (tenientes generales, coroneles o grupos “espontáneos”). También contempla fórmulas mixtas, con gobiernos civiles respaldados por apoyo militar. En algunos supuestos se plantea la posibilidad de un gobierno de concentración o transición, incluso presidido por un militar de perfil liberal y con respaldo de la Corona, mientras que otros escenarios describen intervenciones directas de las Fuerzas Armadas en caso de agravamiento de la situación política. Además se analiza la “viabilidad” de cada alternativa, considerando factores como el deterioro institucional, el apoyo de la Corona, la posición de partidos como UCD, PSOE o AP, y el clima dentro de las Fuerzas Armadas. El manuscrito incluye referencias explícitas al papel del Rey y a la necesidad de contar con respaldo institucional en determinados supuestos. También menciona movimientos y contactos de mandos militares en fechas posteriores al 23-F, apuntando a la existencia de nuevas “operaciones” en preparación durante la primavera de 1981.
La Guardia Civil apercibió a Tejero por hablar de "ambiente hostil" por "parte de los habitantes de las Provincias vascongadas".
La mujer de Tejero, Carmen Díez Pereira, criticó que habían dejado tirado a su marido: "Han dejado tirado a mi marido como una colilla. Que le han dejao tirao, es un desgraciao".
Juan Carlos I dijo en una conversación con Milans del Bosch que no abdicaría y alertó de una guerra civil: "Juro que ni abdicaré ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar una nueva guerra civil".
Los documentos desclasificados revelan que los militares que tomaron las instalaciones de RTVE durante el golpe de estado del 23F tenían órdenes explícitas de abrir fuego contra cualquier resistencia. Así lo confesaba uno de los soldados implicados en la operación a un compañero en una conversación telefónica: el primer disparo debía hacerse al aire como advertencia, pero el segundo tenía que ir directo a dar, con los cargadores puestos y sin seguro. Una orden que evidencia la determinación y la gravedad real de aquella noche. “El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”.
Sobre las reuniones del emérito con golpistas, uno de los documentos indica:
"En algunos núcleos cualificados de opinión cántabra, e incluso también en ambientes castrenses de la capital, se da por seguras algunas entrevistas confidenciales y sigilosas de S.M. el Rey con algunas principales del intento del “golpe de Estado” del pasado Febrero de 1.81.
En concreto, se asegura que alguien muy importante de la Casa Real se ha entrevistado con el General Armada, matizando con él comportamientos relativos a la vista oral del proceso; y que cuando de igual forma se quiso celebrar la entrevista con el General Milans del Bosch, éste exigió que la entrevista se concretase con la propia personal real, no admitiendo intermediarios ni eslabones inferiores; y en tales círculos de opinión se ASEGURA que, en efecto, el Rey se ha entrevistado confidencialmente con el T.G. Milans del Bosch. Se señala que por encima de todo se pretende que la Corona no salga lesionada del proceso y que en todo caso, los intentos en tal sentido no provengan de los principales procesados y de reconocida vocación monárquica".
Seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID —organismo que precedió al actual CNI— participaron activamente en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y trataron posteriormente de encubrir su implicación, según revelan los documentos desclasificados por el Gobierno y publicados este martes en la web de Moncloa.
En uno de los documentos desclasificados se indica que el CESID elevó a "conocimiento superior" un contacto que se habría producido por parte del ahora rey Juan Carlos I con el general Jaime Milans del Bosch después del golpe de Estado del 23F y antes de que se llevara a cabo el juicio, con vistas a que "la Corona no salga lesionada del proceso".
Los documentos ocultos sobre el golpe de Estado del 23-F han quedado desclasificados esta mañana a las 13 horas. Se trata de 153 documentos con una cantidad ingente de documentación entre la que se incluyen transcripciones de conversaciones entre los golpistas.
El Gobierno español justifica su decisión en que la comunidad académica y periodística mantiene desde hace décadas una demanda constante de acceso a la documentación relativa al 23-F, además de ser una demanda reiterada en el ámbito parlamentario, "donde diversos grupos han presentado en distintas legislaturas diferentes proposiciones no de ley reclamando avances en esta materia".
Añade a este respecto que "estas iniciativas apelan, entre otros argumentos, a la necesidad de mayor transparencia frente a una percepción de opacidad, o al derecho de investigadores y especialistas a un acceso adecuado a las fuentes".
Para el Gobierno, la desclasificación de estos materiales "no solo constituye un ejercicio de transparencia institucional propio de una democracia madura, sino que permitirá abordar el estudio de nuestra historia con mayor rigor, profundidad y precisión".
A este respecto, pone como ejemplos las decisiones de otros países de nuestro entorno de desclasificar "archivos sensibles" para favorecer una comprensión más completa de su propia historia. Así, señala el BOE, ocurrió en Italia en 2014 y 2021, con la desclasificación de la información referente a grandes atentados terroristas cometidos entre 1969 y 1984.