El Constitucional prevé mantener la orden de detención nacional contra Puigdemont

El Tribunal Constitucional prevé rechazar en el pleno que arranca este martes la petición del expresident catalán Carles Puigdemont de levantar la orden de detención nacional que pesa contra él por orden del Tribunal Supremo.

La corte de garantías debatirá el borrador de la magistrada progresista Laura Díez que aboga por desestimar la solicitud cautelar planteada por la defensa del expresident, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía.

Además, el pleno debatirá las ponencias de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y César Tolosa que, igualmente, rechazan suspender la orden de detención que pesa sobre los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig.

La orden frena el regreso de Puigdemont

La orden dictada por el magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena frena el regreso a España a Puigdemont y, de hecho, uno de los principales argumentos de la ponencia es precisamente no desautorizar la actuación del juez y evitar actuaciones que puedan avanzar hacia un sentido del fallo.

Pero, además, no atiende el principal argumento del expresident, huido de la Justicia española, al dejar claro que la constitucionalidad de la Ley de Amnistía no implica que se tengan que alzar ya las medidas cautelares.

Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucionalla suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme.

En su escrito, la defensa del Puigdemont hace referencia a las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el Derecho de la Unión.

Recuerda, además, que la norma ha sido declarada constitucional por el TC, por lo que "no puede ser privada de eficacia práctica por la persistencia de medidas penales restrictivas". "La fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir indirectamente un debate constitucional ya cerrado", subraya el escrito.

Por tanto, la defensa del expresident argumenta que el pronunciamiento del abogado general, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, "elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo".

Detalla que durante años, Puigdemont ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional por órdenes de detención cuya validez ha sido jurídicamente desactivada por la Ley de Amnistía y confirmada tanto por este Tribunal como por el estándar europeo.

"Mantener tales medidas en este contexto supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase", advierte.