La Unión Progresista de Fiscales consigue recaudar los fondos para pagar la multa de García Ortiz
El Tribunal Supremo impuso 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados así como una indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de 10.000 euros
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha conseguido recaudar entre sus socios el importe necesario para hacer frente a las responsabilidades económicas impuestas al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, consistentes en la multa y la responsabilidad civil derivadas de la sentencia.
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Según ha informado este jueves la UPF en un comunicado, en apenas unos días "decenas de fiscales", de todos los territorios y categorías, han respondido al llamamiento realizado por esta asociación, "que no era económico sino ético".
García Ortiz pide la nulidad de su condena
Recogida de fondos
El pasado 22 de diciembre, la UPF puso en marcha entre sus asociados una propuesta de colaboración para el abono de las responsabilidades económicas derivadas de la condena a García Ortiz, a quien el Tribunal Supremo impuso dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados así como una indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de 10.000 euros.
Esta asociación de fiscales ha celebrado la respuesta de sus socios. "Un gesto colectivo que expresa algo muy sencillo y profundo a la vez: que nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional".
Aportaciones
Ha explicado además que, junto a las aportaciones de los asociados, ha recibido mensajes de ciudadanos que, sin pertenecer al Ministerio Fiscal, se han puesto en contacto con esta asociación para manifestar su deseo de colaborar y así finalmente han hecho.
"Muchos de esos mensajes -cargados de respeto, empatía y sentido cívico- nos han emocionado profundamente. Nos recuerdan que la justicia no es solo una estructura institucional, sino también un vínculo de confianza entre quienes la sirven y la sociedad a la que se deben", señalan. Destacan que García Ortiz asumió en primera persona una responsabilidad institucional que "protegía" a la Fiscalía en su conjunto. "Hoy, la respuesta solidaria demuestra que esa responsabilidad no fue en vano. Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos".
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