El grupo de Leire Díez se embolsó sobrecostes del 50 % de dos contratos de Enusa con Acciona

El grupo criminal que supuestamente conformaban la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, se embolsó sobrecostes del 50 % de dos contratos de la empresa pública Enusa adjudicados a Acciona, empresa investigada en el caso Koldo, según sostiene la Guardia Civil.

En este caso, los tres investigados “habrían ideado un plan para viabilizar esta operación” y favorecer que Acciona se hiciese con dos explotaciones de Enusa: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. Una mediación por la que obtuvieron pagos por un total de 17.545 euros, canalizados a través de un despacho de abogados.

Esta es una de las cinco operaciones bajo sospecha de las que la Unidad Central Operativa (UCO) ha dado cuenta al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, y que motivaron las órdenes de detención de los tres investigados por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, quedando posteriormente en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Mediación en contratos en beneficio propio o de terceros

Según consta en una diligencia de información a la que ha tenido acceso EFE, Díez, Fernández y Alonso conformaban un grupo autodenominado Hirurok (“nosotros tres”, en euskera), que se habría dedicado a orientar expedientes en la Administración pública en beneficio propio o de terceros.

Para ello, se aprovechaban de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública para obtener el máximo beneficio económico mediante el cobro de comisiones. En las cinco operativas analizadas, las mordidas sumarían al menos 750.614 euros.

Los fondos se canalizaban supuestamente a través de la mercantil Mediaciones Martínez, mediante “contratación y facturación mendaz”, en una actividad desarrollada entre 2021 y 2023.

Colaboración de cargos en empresas públicas

En las cinco operaciones investigadas, el grupo habría obtenido decisiones favorables a sus intereses de distintas Administraciones públicas, en concreto en empresas públicas dependientes de la SEPI.

En la mediación para que Acciona se hiciera con las explotaciones de Enusa, el grupo contactó con directivos de la empresa, dependiente de la SEPI, donde Leire Díez fue responsable de comunicación coincidiendo con Vicente Fernández como presidente.

La UCO considera que Hirurok tuvo capacidad para decidir sobre la contratación del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes, con la finalidad aparente de dar soporte jurídico a la operación.

Sobrecostes en adjudicaciones de Enusa

Los investigadores observan la introducción de sobrecostes del 50 % del importe del contrato, que posteriormente habrían sido canalizados a sociedades del entorno de Hirurok.

En correlación, se materializaron pagos del despacho a Mediaciones Martínez por 17.545 euros (IVA incluido).

Otras operaciones bajo investigación

• Ayuda de Sepides a Arapellet por 17,32 millones de euros, a cambio de un pago de 200.000 euros, mediante contactos con cargos de la entidad pública.
• Contrato del PEPA (Asturias) por 2,8 millones de euros, adjudicado a una UTE, a cambio de 400.000 euros, mediante operativas de ocultación del origen de los fondos.
• Rescate de la SEPI a Tubos Reunidos por 112,8 millones, del que el grupo habría obtenido 114.950 euros.
• Contrato de Mercasa por 18.119 euros adjudicado a Servinabar, sociedad vinculada a Antxon Alonso y presuntamente al exsecretario de Organización Santos Cerdán.

En este último caso, los investigados, en connivencia con directivos de Mercasa, diseñaron una operativa para justificar de forma “mendaz” un cambio de sede y contratar a Servinabar para elaborar un informe técnico que sobredimensionaba el coste de las obras de rehabilitación.

El PP se personará en la causa contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que el PP se personará en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contratos públicos.

“El Partido Popular no va a permanecer impasible”, ha afirmado Gamarra en una rueda de prensa en la que se ha referido a la “trama Montero”, en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Fernández fue interventor general de la Junta de Andalucía con Montero y, cuando esta fue designada ministra de Hacienda, lo nombró presidente de la SEPI.

Según Gamarra, las contrataciones públicas en empresas públicas investigadas están “relacionadas directamente” con Montero, así como con el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen. “Podrán huir del Parlamento, pero no podrán huir de la justicia”, ha señalado, para añadir que tampoco podrán “huir de las urnas” cuando los españoles puedan “cerrar” esta etapa y dejar atrás al “Gobierno indecente”.

Gamarra ha informado además de que el PP solicitará habilitar el mes de enero en el Senado para que puedan continuar los trabajos de la comisión de investigación del caso Koldo, que afecta, entre otros, a Santos Cerdán y al exministro José Luis Ábalos. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo quiere que se sigan pidiendo “explicaciones” para que los españoles “sepan la verdad” y que quienes se han beneficiado del dinero de los impuestos rindan cuentas ante la justicia.

En su valoración política, Gamarra ha criticado el balance del año realizado por Pedro Sánchez, que ha calificado de “mitin” insuficiente, y ha asegurado que se resume en tres palabras: “corrupción, parálisis y retrocesos”. Corrupción, por las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno; parálisis, por la incapacidad de Sánchez para resolver los problemas de los españoles; y retrocesos, porque, a su juicio, las mujeres están hoy más desprotegidas.

En este contexto, se ha referido a los casos de presunto abuso sexual que han afectado a varios cargos del PSOE y ha denunciado que el avance en la lucha contra la violencia de género y el acoso sexual “se ha retrocedido por la protección que Pedro Sánchez ha dado a sus compañeros”. Sánchez, ha añadido, es “el encubridor de la corrupción” y de quienes acosaban a mujeres dentro de su propio partido. A su juicio, el balance del año se lo están haciendo a Sánchez la UCO, la UDEF, los autos y sentencias judiciales y las denuncias de acoso sexual en sus filas.