El encarcelamiento de Ábalos dificulta aún más el juego de mayorías de Sánchez

El pasado viernes por la mañana el Congreso de los Diputados recibió una comunicación que, aunque esperada tras la vistilla del día anterior, sacudió de nuevo la frágil arquitectura política de la Cámara Baja: el Tribunal Supremo confirmaba queJosé Luis Ábalos, exministro de Transportes, exsecretario de Organización del PSOE y actualmente diputado del Grupo Mixto, ingresaba en prisión provisional comunicada y sin fianza. La medida, decretada por el magistrado Leopoldo Puente, responde al riesgo de fuga detectado por la Sala. 

Sin embargo, la decisión no es firme. El tribunal ha fijado para el jueves día 4 la deliberación del recurso sobre la prisión provisional presentado por su defensa, una jornada clave que marcará el futuro político inmediato del exdirigente socialista.

El Congreso, que había solicitado de forma urgente la confirmación oficial de la situación procesal del diputado, activó de inmediato los mecanismos previstos en su Reglamento. La Mesa ha decidido aplazar cualquier resolución hasta el jueves, a la espera de que el Supremo se pronuncie. Si la prisión preventiva se mantiene, la Cámara deberá aplicar el artículo 21, que establece que los parlamentarios en esta situación quedan suspendidos de sus derechos y deberes, aunque conservan el acta. Esa suspensión implica, entre otras consecuencias, que Ábalos no podrá votar ni participar en actividad parlamentaria, no formará parte de ningún grupo y dejará de percibir cualquier retribución económica.

La paradoja jurídica que ahora se abre no es menor. Aunque en prisión provisional, el exministro seguirá siendo formalmente diputado, de manera que su nombre continuará computándose en el número total de miembros del Congreso: 350. Las mayorías -absoluta y cualificadas- no se recalcularán, según recuerdan los Comentarios al Reglamento del Congreso. Por tanto, ni la suspensión ni su adscripción al Grupo Mixto alterarán los equilibrios numéricos, aunque sí añaden un elemento más de tensión a una legislatura ya marcada por una aritmética extremadamente delicada.

En el Grupo Mixto, donde Ábalos recaló tras su suspensión de militancia en el PSOE, su situación tampoco modificará los tiempos de intervención, la ponderación interna ni la subvención parlamentaria. El heterogéneo grupo -que integra a Podemos, BNG, Coalición Canaria, Més-Compromís y UPN- mantendrá su operatividad intacta. La figura del diputado suspendido, según la práctica parlamentaria, queda jurídicamente “en pausa”, pero no arrastra al conjunto del grupo.

Las consecuencias políticas, sin embargo, se dejan sentir más allá de los detalles procedimentales. La coalición de gobierno entre el PSOE y Sumar, sostenida por una mayoría exigua que depende de negociaciones continuas con sus socios más volátiles, observa con preocupación cada movimiento que pueda alterar la correlación de fuerzas, máxime después de que Junts haya decidido romper todos los vínculos con el presidente español, Pedro Sánchez. La última ocurrió el pasado jueves cuando el pleno del Congreso rechazó la ley de estabilidad, paso previo para la aprobación de los Presupuestos de 2026. 

Paradójicamente, y según revelan los datos legislativos del último año, la aportación del voto de Ábalos ha sido en realidad marginal desde que abandonó la disciplina socialista. De las 48 leyes y decretos aprobados en esta legislatura, solo dos salieron adelante por un solo voto, ambas en enero de 2024, cuando el diputado todavía formaba parte del Grupo Socialista.

13 ocasiones no votó con el PSOE 

Casualidad o no, desde que estalló el caso Koldo y la Fiscalía Anticorrupción comenzara a perfilar su investigación sobre el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, Ábalos inició un giro en su comportamiento parlamentario. Aunque siguió votando mayoritariamente con el Gobierno Sánchez hasta octubre de 2024, una vez conocida la petición fiscal de investigarlo -y sobre todo tras la imputación por parte del Supremo en noviembre- su estrategia cambió de forma drástica. En 13 ocasiones optó por no votar pese a que las iniciativas correspondían al bloque gubernamental. Un gesto de distanciamiento que, pese a su simbolismo, no llegó a comprometer la estabilidad legislativa, sostenida con márgenes en torno a dos votos en la mayoría de las votaciones más delicadas.

La prisión provisional abre un nuevo escenario. Si la medida se mantiene tras el recurso del 4 de diciembre, Ábalos quedará suspendido de derechos, pero seguirá ocupando un escaño que no puede ejercer. Su caso recuerda, una vez más, los entresijos del complejo sistema de aforamientos y garantías parlamentarias, así como las tensiones políticas que se generan cuando la justicia y la vida orgánica de la Cámara avanzan en paralelo.

Lo cierto es que aunque los letrados de la Cámara estudian la nueva situación no parece probable que se opte por rebajar en un escaño la mayoría habida cuenta de que habrá 349 diputados y no 350. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ya ha respondido que no. De hecho, si aprobar una ley orgánica exige actualmente una mayoría absoluta de 176, sin Ábalos la mitad más uno serían 175,5 votos, lo que en la práctica seguiría siendo 176.

Precedentes para no rebajar

De la misma opinión es en el Grupo Vasco del PNV que recuerda que hay antecedentes para que no se mueva como con los parlamentarios de HB y los líderes del procés. No obstante, recuerdan que, como dijo el pasado viernes en Gernika el presidente del EBB, Aitor Esteban, lo cierto es que “las costuras del Estado se están tensando e, incluso, rompiendo mucho”. “No solo es la entrada en prisión de Ábalos, también todo lo relativo a Cerdán, hemos visto también lo de la Fiscalía, etcétera. Y luego también es verdad que hay una inestabilidad parlamentaria en el sentido de que es prácticamente imposible conseguir una mayoría”. 

Y es que la caída del que fue uno de los hombres más influyentes en la arquitectura interna del PSOE culmina así una trayectoria que, en apenas tres años, ha pasado del núcleo duro de La Moncloa a ocupar un módulo en la prisión madrileña de Soto del Real. En junio de este año fue expulsado definitivamente del partido; ahora, desde prisión, afronta la posibilidad de ver cómo el Congreso de los Diputados le suspende mientras su futuro judicial se decide. Si renunciara al acta -algo que el PSOE reclamó sin éxito en febrero de 2024-, la causa regresaría a la Audiencia Nacional y Ábalos podría conservar la indemnización de transición, cifrada en unos 100.000 euros gracias a sus siete legislaturas que ha ejercido como diputado.

Sin embargo, nada de eso parece inmediato. Por ahora, toda la atención se centra en el próximo jueves. Ese día, la Sala del Supremo escuchará los argumentos de la defensa y decidirá si Ábalos continúa en prisión o recupera la libertad provisional, aunque dada la rotundidad del auto judicial y que el propio juez Puente rechazara el argumento de que se Valencia se quedaba sin un representante parlamentario, parece difícil que el Tribunal no ratifique la prisión provisional . Un fallo que no solo definirá su futuro, sino que podría despejar -o enturbiar aún más- el clima político en una legislatura que caminaba sobre el filo del equilibrio.

La Cámara, mientras tanto, se prepara para ejecutar un protocolo que rara vez se aplica y que sitúa ante los focos no solo la situación personal del exministro, sino también la fragilidad de un Congreso donde cada ausencia pesa, cada voto se negocia y cada procedimiento adquiere una dimensión política inesperada. José Luis Ábalos, que un día fue la mano derecha del presidente del Gobierno español, es hoy un parlamentario suspendido y un detenido preventivo. Una trayectoria que, por abrupta, ha puesto de nuevo en evidencia la velocidad con la que cambia el paisaje político español.