El juez cita el día 27 a Ábalos y a Koldo García para decidir si les mantiene en libertad

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado para el próximo jueves 27 de noviembre al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García para la celebración de una vista en la que decidirá si modifica sus medidas cautelares en el caso Koldo como han pedido la Fiscalía y las acusaciones populares, que, en este último caso, ya han anunciado que reclamarán su ingreso en prisión.

El magistrado les ha convocado para la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras haberlo solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa, según han informado este viernes fuentes del Tribunal Supremo.

En su escrito de acusación, relativo a la causa en la que se han investigado los contratos para la compra de mascarillas en plena pandemia, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que la acusación popular unificada, coordinada por el PP, solicita para ambos 30 años de prisión por distintos delitos.

Actualmente, tanto Ábalos como Koldo tienen, como medidas cautelares, la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, así como la prohibición de salir de España y se les ha retirado el pasaporte.

El pasado junio, tuvo lugar otra vistilla para ambos en la que el juez, de acuerdo con la postura de la Fiscalía y en contra de las acusaciones populares, que pidieron su ingreso en prisión provisional, decidió dejarles en libertad con esas medidas cautelares.

Sin embargo, el magistrado instructor advirtió de que mantenía esa decisión "por el momento", dado que el riesgo de fuga puede aumentar según avanza el procedimiento, por lo que ahora Anticorrupción le pide que revise esas medidas, una vez están procesados y a las puertas del juicio oral.

En su escrito de calificación, la Fiscalía acusa a Ábalos y a Koldo García de seis delitos -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-, mientras que a Aldama, que salió de prisión preventiva por otra causa tras prometer colaborar con la Fiscalía en este procedimiento, le atribuye los dos primeros y uso de información privilegiada.

Para Aldama, que precisamente este próximo jueves está citado en la Audiencia Nacional para responder por el informe de la UCO sobre los contratos de compra de mascarillas y test PCR en Canarias, tanto la Fiscalía como las siete acusaciones populares lideradas por el PP piden para él una pena más leve, siete años de cárcel, en atención a su colaboración con la Justicia, por lo que no han pedido que se le revisen su medidas cautelares.

El fiscal comparte con el juez la tesis del "preciso reparto de funciones" de los tres investigados en la presunta organización criminal, tras ver "la oportunidad de obtener un común beneficio económico" aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

Además de las penas de prisión, pide multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y más de 3,8 millones para Aldama y, en el caso de los dos primeros, solicita que indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsaset con 34.477 euros y 9.500 euros, respectivamente, por la contratación fraudulenta en ambas empresas de la expareja de Ábalos Jéssica Rodríguez, así como el decomiso de las ganancias del presunto cohecho: al menos, 430.298 euros.

Por su parte, las acusaciones consideran a Ábalos y a su exasesor autores de casi una docena de delitos, entre los que figuran organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial o malversación, e inductores de prevaricación; mientras que a Aldama le acusa de cinco delitos por autoría, así como de tráfico de influencias por inducción, y le excluye de la malversación.