El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares para el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y los otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial.
Fuentes judiciales han confirmado tras dos horas de declaraciones la decisión del juez instructor Eduardo Martínez, que investiga los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en esta nueva pieza, cuyo origen se sitúa en junio de 2021, a partir de un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de covid-19.
Declaraciones
Fuentes judiciales han confirmado, tras dos horas de declaraciones, la decisión del juez instructor Eduardo Martínez.
Los detenidos, entre los que también estaban el hijo del alcalde finense y un funcionario del Área de Fomento de la Diputación, han sido puestos a disposición judicial por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras dos días de arresto en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades cometidas en contratos públicos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines.
La causa, según han precisado fuentes del TSJA, se está investigando por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.
Los cinco detenidos han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados y la única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE. Tanto la Fiscalía como sus defensas solicitaron la puesta en libertad, que fue finalmente acordada por el juez de adscripción territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción.
Sin embargo, todos tendrán que comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, tienen obligación de hacer entrega de sus pasaportes y tienen prohibido abandonar el territorio nacional.
En la causa hay aproximadamente 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil aunque tendrán que comparecer en este juzgado cuando sean citados.