La Abogacía concluye que González Amador reveló el secreto de su pacto con el fiscal

El juicio en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha quedado visto para sentencia este jueves, tras una sexta y última sesión intensa donde la defensa ha señalado al empresario como verdadero filtrador y las acusaciones han achacado al jefe del Ministerio Público usar a la prensa en busca de "cobertura legal" para poder imponer al empresario una "sentencia popular".

La Abogacía del Estado ha responsabilizado a González Amador, de haber revelado el secreto de las negociaciones de conformidad de su causa de fraude fiscal, cuando envió un correo al jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid y se reunió con el periodista de El Mundo que luego publicó la noticia.

José Ignacio Ocio, que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz junto con Consuelo Castro, ha señalado a Alberto González Amador como el responsable de que el secreto perdiese su carácter reservado por su actuación el 13 de marzo de 2024, de manera que no puede imputarse delito alguno de revelación de secretos al fiscal general.

Aquel día, la pareja de Ayuso reenvío al jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, el correo del 12 de marzo cuyo contenido publicó El Mundo a las 21.29 horas y eso ocurrió el mismo día que González Amador se reunió con el periodista que firmó aquella noticia.

Por eso, ha dicho, "podemos llegar a la conclusión de que cuando el titular de ese secreto hace partícipe a terceros de ese secreto éste pierde su carácter reservado".

Es decir, si González Amador habló de la conformidad a un periodista, aunque se diese "una versión acomodada a sus intereses", eso "supone que el secreto pierda ese carácter" porque "los actos propios son un elemento delimitador cuando un secreto pierde esa condición".

El abogado del Estado ha asegurado que lo que ocurre con esta actuación "son actos propios respecto de la tutela que pretende ahora" y "lo que no puede hacerse es desvelar esos términos y a renglón seguido decir que dichas informaciones sigan siendo consideradas reservadas".

Para justificar aun más esta tesis, ha hecho mención al voto particular del magistrado Andrés Palomo, quien consideró que no debía llevarse a juicio al fiscal general cuando la sala de apelación del Supremo avaló el procesamiento dictado por el instructor por 2 a 1.

Y ha hecho suyas sus palabras: "Es a través de ese entorno como llega a los medios la existencia de negociaciones. Es precisamente el referido entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid quien otorga relevancia publica a González Amador al asumir su defensa a los medios".

Pero es que, ademas, el letrado ha destacado que el correo clave del 2 de febrero de 2024 y su contenido ya era conocido por varios periodistas, por lo que "cuando el fiscal general recibe el correo, éste no tenía carácter reservado. Lo digo con total rotundidad".

Varias veces ha subrayado el abogado del Estado que han sido las defensas quienes han tenido "que demostrar" la inocencia del fiscal general, cuando debe ser la acusación quien demuestre su culpabilidad.

Y ha recordado que el mismo día que se activó la dación de cuentas sobre el proceso de Alberto González Amador, desde Fiscalía General activaron otra, por los mismos "cauces ordinarios" y "en los mismos términos", sobre la "esposa de un líder político muy importante". "Da igual el color", ha subrayado. Hace unos días, un fiscal dijo que se trataba de la mujer del presidente del Gobierno.

La defensa del fiscal general denuncia un "auténtico juicio paralelo"

La defensa del fiscal general del Estado ha denunciado que el juicio ha estado "marcado por un contexto mediático excepcional", que ha podido generar "un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas" que han afectado a su derecho a la defensa.

"Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", ha dejado claro el abogado del Estado José Ignacio Ocio en el inicio de su informe final con el que sustentará su petición de absolución del fiscal general del Estado.

El abogado del Estado ha apelado a la "serenidad, independencia y objetividad" con la que los magistrados del Tribunal Supremo deben dictar sentencia.

Informe de la fiscal

La Fiscalía ha defendido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no cometió un delito de revelación de secretos porque esa información ya había sido proporcionada previamente a varios periodistas y que, en caso de haberlo hecho él, sería "impune" al ser conocida por la prensa.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha centrado su informe final en rebatir los indicios recabados no solo por las acusaciones sino por el instructor, destacando, por encima de todo, los testimonios de los periodistas que dijeron tener acceso al correo clave antes que García Ortiz.

Así, ha aludido a "la doctrina del tribunal" para exponer que "cuando una noticia ha sido proporcionada a un periodista ya no hay revelación de secretos y aquí sabemos que muchas personas habían hecho llegar a periodistas -incluido Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- las noticias de esta causa".

Ha añadido que ante "la hipótesis de que el fiscal general hubiera hecho llegar a la prensa el célebre correo" eso sería "impune" puesto que "la noticia ya era conocida por muchos medios de comunicación".

Prueba de que esos correos ya se conocían, para la teniente fiscal, es que, por un lado, periodistas de El País estaban hablando de la propuesta de conformidad del abogado en el mismo momento en que el fiscal general la recibía en su correo. Lo sabían, ha dicho, "con mucha antelación" a que lo divulgase la Cadena Ser.

Ha dado especial importancia a una "acreditación gráfica": un chat de La Sexta en el que un periodista dijo que ya tenía esa información minutos antes de tenerla el fiscal general.

La fiscal también ha rebatido a la UCO diciendo que "de ese informe no se desprende ninguna prueba contra el fiscal general" porque los agentes sostuvieron que solo había revelación de secretos si alguien reproducía párrafos del correo mencionando, por ejemplo, la palabra "ciertamente" que introdujo el periodista de la SER, algo que ve "jurídicamente" dudoso.

Borrado "legítimo"

Ha considerado, además, "legítimo" el borrado del móvil del fiscal general que, según ella, "no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa" dado que "la divulgación de las noticias jamás se produce por medios electrónicos", de modo que si se hubieran conservado las comunicaciones no se hubiera descubierto nunca el delito.

Asimismo, ha destacado las "divergencias" de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en las tres declaraciones prestadas en el procedimiento, la última en el juicio.

En concreto, ha destacado que Lastra se centró inicialmente en discutir la nota de prensa y "no hizo ninguna sospecha sobre la filtración" de correos, pero que después incluyó "matizaciones" cuando tuvo conocimiento de que el Supremo "ha variado el objeto de la causa" que se centró en "la averiguación de las filtraciones".

Del mismo modo ha destacado que la prueba practicada muestra que "hay una actuación conjunta" entre González Amador y el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, quienes tienen "una relación muy fluida" y una "línea de contestación común".

Porque, ha continuado, cuando un periodista de eldiario.es llama al jefe de gabinete de Ayuso para decirle que va a publicar una noticia sobre el caso de su pareja el 12 de marzo, al día siguiente Rodríguez le dice a la presidenta "cómo tiene que hacer frente a esta noticia negando toda validez".

"Hemos sido testigos de que esta línea argumentativa de Rodríguez ha sido seguida al pie de la letra por González Amador", ha dicho la fiscal, que ha aludido a que la pareja de Ayuso siempre habló de "persecución política" y "sospechó de funcionarios de la Agencia Tributaria".

Sí que ha dicho, nada más comenzar su intervención, que "el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia contra González Amador", quien "ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales".

Porque la prueba de ello, ha continuado, es que "la denuncia fue formulada con antelación a que su identidad fuera conocida por el Ministerio Fiscal" y a que la Fiscalía fuera informada de la relación sentimental que mantenía con Isabel Diaz Ayuso.

Fiscalía pide que destruya o devuelva lo incautado en los registros

La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado este jueves al alto tribunal que ordene a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que devuelva a la Fiscalía o destruya la copia de la información que obtuvo en los registros de los despachos del fiscal general y la jefa provincial de Madrid.

Así lo ha señalado en el informe final del juicio que se celebra en el TS contra Álvaro García Ortiz por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, por la que podría ser condenado a hasta 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación, además de a un desembolso de más de 400.000 euros.

La 'número dos' de la Fiscalía se ha referido a la información que obtuvieron los agentes de la UCO que el 30 de octubre de 2024 registraron los despachos de García Ortiz y Pilar Rodríguez, entonces imputada y que finalmente fue exonerada.

Los uniformados detallaron que, del registro en el despacho de García Ortiz, solo se llevaron una copia; mientras que del de Rodríguez salieron dos, una que permanece custodiada en el Supremo y otra sobre la que trabajaron.

Asimismo, expusieron que se volcó toda la información que encontraron en los dispositivos electrónicos --entre teléfonos móviles, ordenadores y cuentas de 'email'-- sin respetar el límite temporal marcado por el magistrado instructor, que iba del 8 de marzo al 30 de octubre de ese año, porque -recalcaron-- era imposible técnicamente.

No obstante, matizaron que durante el análisis de la información solo usaron la que estaba incluida en el ámbito temporal que el juez del Supremo terminó fijando entre el 8 y el 14 de mazo de 2024.

"Esta Fiscalía está muy preocupada por el uso de la información que se ha obtenido, sobre todo del despacho de la fiscal jefe Provincial de Madrid, en la que se hizo una segunda copia, que está en posesión de la UCO", ha dicho Sánchez Conde.

Por ello, ha pedido al Supremo que "ordene el reintegro de esa información, o bien a la Fiscalía, o bien ordene su destrucción".