El exasesor ministerial Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo que indague si la Guardia Civil le investigó de manera prospectiva, con acceso a bases de datos policiales, en el llamado caso Gaslow, sobre un presunto fraude del IVA de hidrocarburos, que se remonta a 2021.
La defensa de Koldo García ha dirigido un nuevo escrito al juez Leopoldo Puente, al que ha tenido acceso EFE, en el que le reclama que solicite a la Guardia Civil un "informe de auditoría" con las fechas en las que se habría accedido a bases de datos policiales u otras fuentes de información sobre el exasesor.
La abogada Leticia de la Hoz quiere saber qué agentes efectuaron dichas visualizaciones para tratar de acreditar "si ha existido o no una investigación de carácter prospectivo" contra Koldo García.
Porque, según explica, en el denominado caso Gaslow que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz "se han encontrado conversaciones de WhatsApp" entre el capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, hoy gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud, y un confidente preguntando sobre Koldo García, al que aludían como "Koldo del PSOE".
"Buenos días. Muy estimulante lo que nos contaste. Ve manteniéndome informado porque sería gozoso un achuchón de este tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando y yo creo que es el momento idóneo", es uno de los mensajes atribuidos al mando de la Guardia Civil que entonces trabajaba en la UCO e intervendría con un alias.
El caso Gaslow gira en torno a la operadora de la que disponía Claudio Rivas, el empresario que después se asoció con el presunto comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama para, supuestamente, obtener una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel, a la que también se atribuye un millonario fraude en el IVA en una causa que también investiga Pedraz.
La defensa de Koldo García pide al Supremo que la información que reclama se extienda también "a la trazabilidad de los accesos relativos a registros mercantiles, datos catastrales, información de cuentas bancarias y cualesquiera otros datos".
El exasesor está investigado junto al exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, entre otros asuntos, por presuntas comisiones en torno a contratos de mascarillas en plena pandemia, y también por formar parte de una supuesta trama junto al exdirigente socialista Santos Cerdán de mordidas por adjudicaciones de obra pública.
