El Gobierno vasco logra la transferencia del desempleo y da un paso inédito en la gestión de la Seguridad Social

El Gobierno vasco ha conseguido vencer las resistencias numantinas que habían impedido hasta la fecha la transferencia de las prestaciones de desempleo. Tras semanas de presión al Ejecutivo español del socialista Pedro Sánchez, y muy en concreto a Sumar porque estas ayudas las gestiona Yolanda Díaz, la consejera Maria Ubarretxena ha conseguido este miércoles que se produzca el acuerdo que no fue posible en julio, y lo ha logrado tras una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. La comunidad autónoma podrá gestionar desde una ventanilla vasca, desde Lanbide, el pago de estas prestaciones. Son las prestaciones contributivas de desempleo que recibe una persona cuando pierde su trabajo o se reduce su jornada laboral entre el 10% y el 70%, incluyendo la cotización por jubilación, incapacidad temporal, invalidez, muerte y supervivencia, asistencia sanitaria, maternidad y paternidad y cuidado de menores con cáncer y otras enfermedades graves; y son también los subsidios del paro que cobran quienes no han cotizado lo suficiente para llegar a recibir la prestación, o bien porque se les ha agotado ya. También cubre a los mayores de 52 años, víctimas de violencia de género o sexual, migrantes retornados y renta agraria. Ambas ayudas cubren a 51.000 personas y son 822 millones de euros.

Esta materia forma parte de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, y este paso es inédito. Ya existían precedentes de acuerdo sobre la Seguridad Social, pero afectaban a prestaciones no contributivas, es decir, a ayudas asistenciales que no afectaban a las cotizaciones ni a la caja única del sistema. Ese fue el caso más reciente del Ingreso Mínimo Vital, y también de las pensiones no contributivas que se gestionan desde 1987 en el ámbito de la jubilación y discapacidad para personas que no han cotizado lo suficiente como para recibir la contributiva. Ahora, uno de los paquetes que se ha acordado es contributivo, el de las prestaciones de desempleo. Es la primera vez que se hace. De todos modos, desde el Gobierno vasco han matizado que, por ahora, lo que se ha hecho es asumir la gestión de las ayudas, es decir, su pago desde la ventanilla vasca, pero no se asume la recaudación de las cotizaciones. Según fuentes consultadas por Grupo Noticias, el dinero lo seguirá recaudando la Tesorería General de la Seguridad Social y hará una transferencia por el coste efectivo que le supongan al Gobierno vasco estas prestaciones mensualmente. Es un régimen transitorio hasta que se negocie la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en su conjunto. Todavía no hay fecha para comenzar a hacer los pagos desde la ventanilla vasca, a la espera de la Comisión Mixta de Transferencias que tendrá lugar antes de que acabe el año. Desde Sumar siguen diciendo que el proceso será largo.

Tanto las ayudas gestionadas hasta ahora como las que se van a gestionar con este acuerdo están amparadas por el Estatuto de Gernika que fue aprobado hace casi 46 años. En concreto, lo permite la disposición transitoria quinta, que establece la posibilidad de firmar convenios en materias de la Seguridad Social “dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”. El Estado mantiene la capacidad de legislar sobre las cuantías.

A modo de curiosidad, este miércoles se cumple un año desde que Ubarretxena anunció en comisión parlamentaria que había activado internamente los trabajos para el traspaso de la Seguridad Social. Queda por delante la firma oficial de los detalles del acuerdo en una Comisión Mixta de Transferencias que tiene que producirse en el último trimestre del año, y donde se firmarán también, como mínimo, las prestaciones no contributivas por cuidado familiar que acordaron en julio con el ministerio de la Seguridad Social del PSOE, y el seguro escolar.

El gesto que pedía Pradales y los deberes pendientes

Con este acuerdo, se avanza en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, el pacto de investidura del PNV con el presidente Sánchez que lo compromete a ceder todas las materias este año, y también en el cronograma acordado por el lehendakari Pradales con Sánchez. Además, el pacto va a permitir que el Gobierno vasco establezca un sistema integral de empleo, porque ya gestiona desde 2011 las políticas activas para ayudar a buscar trabajo y la formación. Ahora ha acordado las pasivas. El acuerdo tendría que haber llegado en julio, pero Sumar pidió tiempo para resolver algunas dudas internas entre sus diferentes sensibilidades, según explicó Ubarretxena hace unos días. El vicelehendakari segundo, el socialista Mikel Torres, el encargado de gestionar esta competencia, ha aportado este miércoles que Sumar estaba priorizando otras cuestiones como la negociación con Junts para reducir la jornada laboral y que, una vez celebrada esa votación, era muy probable que se desatascara la transferencia. Así ha sido.

Este es el gesto político que había pedido el lehendakari Pradales a Pedro Sánchez, que necesita además los cinco votos del PNV en el Congreso para que la legislatura aguante. Tras el desbloqueo de una materia que había sido intocable, se sienta un precedente halagüeño para el resto de competencias que hay que negociar, como la de aeropuertos, donde la semana que viene está previsto que se produzca la reunión constitutiva de la comisión que va a estudiar fórmulas de cogestión con el Gobierno vasco. Ubarretxena va a enviar una propuesta sobre todas las materias pendientes en la primera semana de octubre, y el Ejecutivo español tendrá que acelerar para alcanzar un acuerdo antes de que acabe el año sobre materias como los aeropuertos, puertos, seguridad privada y finanzas. El Ejecutivo vasco ha negado que Madrid haya pedido por ahora una prórroga de los plazos.

Los detalles de la transferencia

El acuerdo alcanzado supone que la comunidad autónoma asuma las funciones que llevan a cabo el Servicio Público de Empleo Estatal, el Sepe, y el Instituto Social de la Marina. Supone el traspaso de los medios materiales y personales, así como la tramitación, el reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora. Las oficinas estatales del Sepe son 30 en la comunidad autónoma (15 en Bizkaia, 12 en Gipuzkoa y 3 en Araba) y en ellas trabajan 534 personas, según los datos del departamento de Autogobierno.

Con cifras del año 2024, las personas beneficiarias de las prestaciones contributivas de desempleo ascendían a 31.000, y las que recibían el subsidio por desempleo eran 20.000. Sobre el modelo de financiación, el Gobierno vasco ha precisado que respeta "el modelo unitario y la caja única del sistema de Seguridad Social", y que "la transferencia no se pronuncia sobre la asunción de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social", sino que presenta una "solución transitoria en tanto no se proceda al convenio que ordene dicha gestión, que consiste en la transferencia por la Tesorería General de la Seguridad Social del importe efectivamente abonado por dichas prestaciones por parte del órgano responsable de la CAPV". Este acuerdo facilita la coordinación entre Lanbide y Sepe, según destaca Lakua, así como una atención más "integral, eficaz y congruente y que Lanbide pueda funcionar como una ventanilla única". Durante todo este tiempo, con el objetivo de desbloquear la transferencia de las ayudas del paro, la parte vasca ha hecho pedagogía con el argumento de que el Estado mantendrá la capacidad legislativa y, además, la gestión desde Lanbide va a reducir las colas a la hora de conceder la ayuda. No hay mucho más nivel de detalle a la espera de que, como explican desde el departamento de Trabajo de Mikel Torres, avancen los trabajos de concreción en un grupo compuesto por el Gobierno español, este departamento y el de Autogobierno.

"Empezamos a ver la luz al final del túnel"

En unas declaraciones tras la reunión en Madrid, la consejera Maria Ubarretxena proclamó que "es un gran día para Euskadi", y aseguró que han "redoblado los esfuerzos negociadores y eso ha servido para que, por encima de las dificultades, las posturas hayan acabado confluyendo”. "Cerramos el círculo y desde Euskadi nos haremos cargo no solo de las políticas activas, sino también de las políticas pasivas de empleo correspondientes al bloque de la Seguridad Social en los términos que recogía el Estatuto de Gernika de 1979. Además de la importancia del paso que hemos dado hoy, podemos decir que empezamos a ver la luz al final del túnel después de 46 años de incumplimiento del compromiso estatutario”. Además, repitió que su intención es enviar una oferta sobre todas las materias pendientes en la primera semana de octubre para dejar claro que el Gobierno vasco "tiene hechos sus deberes": "Estamos dispuestos a dedicar el tiempo que sea necesario para culminar lo contemplado en el Estatuto de Gernika que aprobaron por amplia mayoría las vascas y los vascos hace ya casi medio siglo”.