La afirmación el pasado lunes del presidente español, Pedro Sánchez, de que “algunos jueces hacen política” inflamó todavía más un ámbito judicial que, en el nuevo curso que acaba de comenzar, tiene la mochila cargada de investigaciones, juicios y recursos que tendrán una afección evidente en la esfera política. Incluyendo los que afectan al círculo más cercano de Sánchez, su mujer y su hermano, lo que provocó su queja.
Algunos de estos procesos tocarán en cambio al PP, es el caso de la operación Kitchen que se juzgará en la Audiencia Nacional, en referencia al presunto operativo parapolicial puesto en marcha para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con el caso Gürtel. Entre mayo y junio de 2026 se sentarán en el banquillo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.
La pieza principal del caso Gürtel reclamará su cuota de protagonismo a partir de octubre contra más de una veintena de personas físicas, entre ellas el líder de la trama, Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo, ya condenados por otras piezas de la causa. En este caso se juzgan presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido ambos y por los que la Fiscalía pide 77 años de cárcel.
Sin embargo, el plato fuerte en la AN se producirá en noviembre con el juicio al expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus hijos por presunta corrupción. Está previsto que dure más de 50 sesiones, hasta abril de 2026. Están acusados de formar una “organización criminal” que se habría enriquecido con actividades corruptas valiéndose de su “posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas”.
La Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor. La Abogacía del Estado apunta solo al primogénito, su exmujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, para los que solicita 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.
Aparte de juicios, la AN seguirá investigaciones abiertas como el caso Koldo sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, la compra de material sanitario durante la pandemia o la contratación de una expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos en empresas públicas. El juez Ismael Moreno investiga esta causa a medias con el Tribunal Supremo por el aforamiento de Ábalos.
De igual modo, la AN profundizará en el supuesto fraude del caso hidrocarburos en el que habría participado el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo. También está en instrucción, aunque bajo secreto, la causa abierta para investigar si el apagón en la red eléctrica que afectó a todo el Estado el pasado 28 de abril pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas.
Pendiente de sentencia en la Sala de Apelación sigue el recurso del comisario jubilado José Manuel Villarejo a la condena a 19 años de cárcel por las piezas Iron, Land y Pintor del caso Tándem. Igualmente juzgada pero sin sentencia está la causa de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely, una pieza separada de Púnica.
Suspensión del fiscal general
El Tribunal Supremo empezará el nuevo curso judicial pendiente de si suspende o no de su cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de cara al eventual juicio que se celebrará en su contra por la presunta revelación de secretos que habría cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Así, está pendiente que el instructor dicte el auto de apertura de juicio oral contra el jefe de la Fiscalía, que se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión. Antes de ello, se prevé que las acusaciones se pronuncien sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspenderle de forma provisional de sus funciones una vez se dicte el auto de apertura de juicio oral en su contra.
La APIF, que ejerce como acusación popular, sostiene que “la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso”, al considerar que si García Ortiz continuase en el cargo durante el juicio “él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes”.
Otros de los casos que tendrá que seguir instruyendo el Supremo en este nuevo curso son los que acumula el eurodiputado y agitador de ultraderecha Alvise Pérez: el relativo a la presunta financiación irregular de su partido; uno sobre la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual president de la Generalitat, Salvador Illa; y otro por el presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
Tribunales ordinarios
Además de los casos que se dirimen en los grandes tribunales como el Supremo, el Constitucional o la Audiencia Nacional, hay otros que se instruyen en salas de todo el Estado y que seguirán centrando el foco informativo.
Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, deberá declarar en el juzgado 41 de Plaza Castilla el miércoles día 10, después de que el titular de la sala, Juan Carlos Peinado, acordara adelantarla, ya que estaba fijada inicialmente para el día 11. Peinado, a quien sin duda Sánchez tenía en mente cuando denunció que hay jueces que “hacen política”, investiga a Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
David Sánchez. La jueza que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ratificó en mayo su procesamiento por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y decretó la apertura de juicio oral contra él y otros diez investigados. Destacó en su auto que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios que ostentó en la Diputación de Badajoz “fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez y esta circunstancia era conocida con anterioridad” a que este fuera formalmente candidato. El proceso de selección no fue, por tanto, transparente ni justo para el resto de aspirantes, añadió. Las acusaciones populares piden tres años de prisión para Sánchez.
Cristóbal Montoro. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, hizo saltar la sorpresa con su investigación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por liderar una trama corrupta para beneficiar a empresas gasistas entre 2014 y 2018. Su objetivo sería la “obtención de un lucro económico” a través de reformas fiscales o mordidas cobradas por la empresa Equipo Económico. Montoro también nombró en Hacienda a ocho personas para engrasar este entramado.
Por su parte, el Supremo seguirá adelante, al menos hasta marzo de 2026, con las pesquisas para esclarecer la presunta participación de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio del amaño de contratos de obra pública o de material sanitario.
Cerdán permanece en prisión desde finales de junio por su presunto “papel directivo” en la trama y el riesgo de destrucción de pruebas; mientras que Ábalos y Koldo tienen prohibido salir del país y deben comparecer periódicamente en sede judicial. El instructor está a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregue varios informes, entre ellos uno que reclamó en febrero sobre los mensajes que pudieran haberse intercambiado los afectados.
Víctor de Aldama se refirió tanto a Cerdán como al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuando dijo que Koldo le pidió dinero en metálico para ambos. En el primer caso, como compensación tras entrometerse en un sistema de “cupos” de adjudicación de obra pública en la CAV y Nafarroa; y en el segundo, a cambio de contratos para la compra de material sanitario en pandemia. La UCO presentará a su vez sendos informes sobre el contenido del correo corporativo de Cerdán en el PSOE y el de Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Recurso de Puigdemont
El caso Koldo también sigue vivo en el Tribunal Constitucional, ya que antes de que cerrara sus puertas por el periodo estival, Santos Cerdán pidió al Alto Tribunal que suspendiera cautelarmente la prisión provisional que cumple desde el 30 de junio. El Supremo le envió a la cárcel al apreciar riesgo de destrucción y de alteración de pruebas, de manipulación de testigos e incluso de mover posibles fondos ocultos.
El exdirigente del PSOE alegó que era víctima de una “presunción de indecencia” y pidió al TC que suspendiera su prisión “a la vista de la importancia de los derechos fundamentales en juego: derecho a la libertad, a la integridad moral y a no declararse culpable”. Como Cerdán presentó su recurso antes de que se activara la Sala de Vacaciones del TC, su queja la estudiará el Pleno, que retomará su actividad ahora.
Asimismo, está previsto que durante el primer Pleno del curso judicial el TC estudie si admite o no a trámite el recurso de amparo que presentó el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra la decisión del Supremo de no amnistiarle la malversación del procés, incluida la medida cautelarísima que solicitó para que se levante su orden de detención. Puigdemont sostiene que el TS hizo una interpretación extensiva de las excepciones que contempla la ley para su aplicación, y denunció una clara “resistencia judicial” a la norma.
