Tras recurrir sucesivamente todas las leyes o decretos donde aparecía la transferencia de los interventores municipales a la comunidad autónoma vasca, el PP añade otro hito a su ofensiva contra este traspaso y lo hace en el Senado donde, al menos, tiene garantizado un titular el día en que su proposición de ley sea tramitada. En el Senado tiene mayoría absoluta, pero en el Congreso no tendrá los apoyos necesarios. El PP ha registrado una proposición de ley de modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para blindar la competencia del Estado, para dejar claro que le corresponde “exclusivamente” a él la regulación del régimen jurídico, la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de estos funcionarios, y solo admite “sedes territoriales” para realizar las pruebas, pero “en los términos que establezca la Administración del Estado, garantizando el mantenimiento del régimen único de selección y de valoración en las pruebas de acceso”. Afecta a los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos.

"La descentralización desincentiva la preparación de oposiciones"

La propuesta, que se puede consultar en la web del PP, toma como referencia “el Estatuto Municipal de 1924, norma de voluntad regeneracionista que buscaba erradicar el caciquismo entonces imperante”, una norma que se aprobó en la dictadura de Primo de Rivera. Este Estatuto configuró a los funcionarios municipales “como cuerpos estatales”.

“Es a partir de dicha ley que paulatinamente se establece un sistema de acceso mediante oposición a nivel nacional, profesionalizando la función y suprimiendo la designación discrecional por parte de los municipios”, dice. El PP “no quiere decir que la selección por las comunidades autónomas no asegure la objetividad”, pero en la práctica lo dice, y defiende la “separación entre el órgano competente y el ámbito objeto de supervisión”. Añade que entre 2007 y 2013, cuando las autonomías asumieron las convocatorias, se convocaron menos plazas porque “la descentralización desincentiva la preparación de oposiciones”, porque son solo “decenas de plazas, con procesos diferentes en cuanto a contenido y dificultad y con la incorporación de exámenes lingüísticos como barrera”. Las lenguas cooficiales, para el PP, serían un mérito, no un requisito.