Este viernes se cumple un año desde que el Congreso aprobó de manera definitiva la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el respaldo de sus socios de investidura –por una mayoría de 177 votos frente a 172 – con el objetivo de hacer borrón y cuenta nueva a las consecuencias penales, administrativas y contables del procés, si bien pronto se evidenciaron sus límites. No en vano, Carles Puigdemont, figura capital de la ruta que desembocó en el 1-O, permanece en el exilio en Waterloo sin beneficiarse de la medida. Será por Sant Joan, previsiblemente entre el 24 y 26 de junio, cuando el pleno del Tribunal Constitucional (TC) resuelva si avala la normativa después de que el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, descartara aplazar el debate hasta conocer la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como le pedían los magistrados conservadores.
La ponente del primero de la decena de recursos presentados, Inmaculada Montalbán, tiene ya ultimado el texto, a expensas de si se adentra en el fondo, aludiendo por ejemplo al delito de malversación. Pero como recuerda en conversación con este periódico Gonzalo Boye, abogado del expresident, “no se tratará de una respuesta global a todos los interrogantes que la ley ha suscitado, sino exclusivamente de un pronunciamiento sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y varios gobiernos autonómicos”. De hecho, el partido de Alberto Núñez Feijóo pidió a Conde-Pumpido que se apartara de la causa, una recusación que el letrado considera “extemporánea” ya que “tiempo tuvieron para tal solicitud”.
“Está en juego dar una salida jurídica, europea y democrática a uno de los conflictos más relevantes de nuestra historia”
Hay varios puntos claves de la norma a despejar: entre otros, si se ha respetado la separación de poderes; si el hecho de que la Constitución no recoja la amnistía implica que es inconstitucional; la tutela judicial efectiva; la diferencia entre indulto general y amnistía; o si vulnera el artículo 14 de la Constitución que determina que todos somos iguales ante la ley. El abogado de Puigdemont lo tiene claro: la ley, aparte de ser “necesaria, correcta y oportuna, es constitucional y está enmarcada en el ámbito del derecho europeo”. Y añade: “Lo que está en juego no es solo la constitucionalidad de una ley, sino la capacidad de nuestras instituciones para dar una salida jurídica, democrática y europea a uno de los conflictos más relevantes de nuestra historia reciente”.
“El Supremo ha jugado una carta que no le corresponde. Confío en que el TC actúe con sentido institucional”
Más allá de la expectación mediática y política que ha despertado, el TC no entrará aún en las aplicaciones concretas de la norma ni en las interpretaciones que de ella están haciendo diferentes órganos judiciales. Es decir, en posteriores resoluciones tendrá que encarar las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y otros órganos jurisdiccionales. Un TS, el del juez Pablo Llarena, que, para el letrado, “ha atentado contra el Estado de derecho”. “El TS está jugando una carta que no le corresponde ya que debería aplicar la ley según el texto y la voluntad del legislador, algo que esta perfectamente definido en la normativa”, subraya. Un proceder que dibuja la realidad político-judicial en el Estado español, “donde existe una confrontación entre los distintos poderes que no es la más sana ni democrática, y que nos aboca a los ciudadanos a una situación en la que es difícil entender qué está pasando”.
Procedimientos en el TJUE
Posteriormente, el TC deberá analizar, también en resoluciones distintas, las demandas de amparo constitucional que ya han sido presentadas por varios condenados en el juicio del procés, discutiéndose si ha habido vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva, a un juez imparcial. Y aunque algunos de los actores hablan de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una vez que el TC haya resuelto, lo cierto es que ya existen cuatro procedimientos prejudiciales abiertos ante esta institución, impulsados por órganos tan diversos como el Tribunal de Cuentas), el TSJC (a instancias de Vox), la Audiencia Nacional y el Juzgado de lo Penal número 3 de Vilanova i la Geltrú. O lo que es igual, hay jueces que dudan sobre la relación entre la ley de amnistía y normas fundamentales del Derecho europeo , como el principio de legalidad penal, la protección de los intereses financieros de la Unión, la igualdad ante la ley, actos de terrorismo de baja intensidad o la seguridad jurídica. Boye confía en que el TJUE lo acumule todo en un único procedimiento para dar “una respuesta integral, sistemática y coherente a un conjunto de dudas”. Lo contrario “socavaría la autoridad del TJUE como intérprete supremo del Derecho de la Unión, debilitando el principio de primacía y el respeto a los valores fundacionales consagrados en el Tratado de la Unión Europea”. “Creo que quienes acudieron al TJUE fueron a por lana y van a salir trasquilados”, dice, reacio a poner calendario a cuándo fallará aunque haya quienes apunten al otoño. “Eso lo comenta gente que ni siquiera sabe donde esta el TJUE”, apostilla.
“Puigdemont volverá cuando los poderes en España se vuelvan constitucionalistas”
Prudencia
A la espera de que “las cosas se vayan resolviendo”, el letrado apela a que el TC desempeñe su trabajo “con rigor, serenidad y sentido institucional”. Pero, desde el optimismo respecto a la figura de Puigdemont, le embarga una inquietud. “Me preocupa mucho como jurista que, sin que todavia se haya pronunciado el TC, se esté dando por hecho lo que va a decidir”, asevera Boye, esperanzado en que los tribunales contribuyan a cerrar “un ciclo de enfrentamiento para abrir una nueva etapa de diálogo, reparación y convivencia”, zanja el abogado de Puigdemont, quien asimismo enfatiza: “La amnistía no niega el pasado, sino que lo asume por permitir un futuro diferente. No ignora la ley, sino que la utiliza como instrumento de reconciliación”. Otra historia es responder a la pregunta de cuándo podría retornar a Catalunya Puigdemont. “El president va a volver pero el titular de cuándo no te lo puedo dar. Seguramente podrá regresar cuando en España los poderes se vuelvan constitucionalistas”. No en vano, a su juicio, “se supone que Puigdemont era el que estaba fuera de la Constitución, pero el día que la Historia analice lo que llevamos haciendo estos siete años, verán que somos nosotros los únicos que nos hemos mantenido firmes en torno a los derechos reconocidos en la Constitución y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”. O lo que es lo mismo, “los más constitucionalistas somos los que llevamos todo este tiempo pidiendo que se respete la Constitución”. En el pasado queda el retorno efímero a Barcelona del 8 de agosto de 2024, un día “duro e intenso”. El definitivo está por llegar.
