Varios países europeos expresan sus dudas legales y financieras sobre la oficialidad del euskera

Varios países de la Unión Europea han continuado expresando este martes sus dudas financieras y legales sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, al inicio de la reunión donde los Veintisiete van a tratar la cuestión.

"Hoy espero que no tengamos que votar porque la cuestión no está madura", dijo el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, a su llegada al Consejo de Asuntos Generales de la UE, que se celebra hoy en Bruselas.

En este sentido, apuntó que hay que tomarse "muy seriamente" las "dudas legales" que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.

Dudas económicas y financieras

En la misma línea, la ministra sueca de Asuntos de la UE, Jessica Rosencrantz, aseguró que "Suecia y varios otros países han mostrado dudas durante este proceso, sobre la evaluación jurídica y sobre la evaluación de los costes. También la ministra de Austria para Europa, Claudia Plakolm, subrayó que "aún hay cuestiones legales y sobre los costes".

En las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado los contactos con sus socios europeos e intentará hasta el último momento conseguir el respaldo unánime que necesita su petición, según dijo este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Para tratar de vencer las reticencias que a día de hoy siguen teniendo varios socios para que la UE pase de 24 a 27 lenguas oficiales, el Gobierno español ha introducido cambios en su propuesta inicial, que se remonta a agosto de 2023. Así, España prevé que la traducción de la legislación de la UE a los tres idiomas se haga por fases, a partir de 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias.

Votación, en duda

El Ejecutivo español, además, insiste en que asumirá el coste que supondría traducir la legislación comunitaria al catalán, el euskera y el gallego, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada precisamente en la experiencia del gaélico, ascendería a los 132 millones de euros.

El Gobierno alega también que los tres idiomas están reconocidos como lenguas cooficiales en la Constitución y que se pueden utilizar ya en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que la UE debe aceptar su oficialidad, una demanda que el Ejecutivo elevó a Bruselas a petición de Junts per Catalunya.

El ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE y organiza, por tanto, las reuniones de ministros, aseguró a su llegada hoy al Consejo de Asuntos Generales de la UE que habrá "una decisión" sobre la cuestión, lo que no implica que se vaya a votar la propuesta. Los ministros pueden debatir hoy la cuestión sin llegar a una conclusión definitiva sobre la oficialidad de las lenguas y dejar el asunto para más adelante, como ha ocurrido hasta ahora.