Rato recurre su condena por defraudar a Hacienda: "No es ajustada a derecho"

El exministro de Economía Rodrigo Rato ha anunciado ante el Tribunal Supremo (TS) que recurre la sentencia que le condenaba a 4 años y 9 meses de cárcel al entender que han existido errores en la apreciación de la prueba por parte del tribunal sentenciador.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que explica que existen documentos que obran en autos y que "demuestran la equivocación del tribunal". Así, incide en que la resolución que le condenaba por la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública --2006, 2013 y 2014--, de un delito de blanqueo de capitales y de un delito de corrupción entre particulares, "no es ajustada a derecho".

Si bien no entra al detalle porque eso lo reserva para el recurso como tal, en el anuncio sí que apunta que los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid erraron al apreciar pruebas como anexos de uno de los informes aportados a la causa por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Cabe recordar que fue el pasado 20 de diciembre cuando el tribunal de la Sección número 7 entregó en mano al exministro la sentencia condenatoria en la que apreciaba dilaciones indebidas por el tiempo que duró la causa, más de 9 años.   

MULTAS DE MÁS DE 2 MILLONES DE EUROS

Además de la pena de cárcel, Rato fue condenado a multas por un total de más de 2 millones de euros, y a abonar a la Hacienda Pública la cantidad de 568.413 euros, según constaba en la sentencia.

El fallo recogía que el exministro quedaba absuelto de los delitos fiscales de los que acusaba Fiscalía correspondientes a los ejercicios de 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, mientras que sí le condenaba por los ejercicios 2006, 2013 y 2014.

En el anuncio del recurso, Rato también alega que se han vulnerado derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad, el secreto de las comunicaciones y el secreto profesional.

Añade que se ha dado una violación del derecho a un proceso con todas las garantías y los principios de contradicción y de igualdad de armas procesales y al derecho a la tutela judicial efectiva.