Balance en la tempestad

Siguiendo la práctica de presentar periódicamente el nivel de cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo, Sánchez analizará la actual situación política y económica, y expondrá sus expectativas de futuro. Lo hará después de una semana que ha evidenciado las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante sus iniciativas ya que sus socios de investidura no conforman un bloque compacto que las avalen.

Pero tal y como ha venido destacando en sus últimas intervenciones, hará hincapié en que, pese a ello, han podido aprobarse 25 leyes que demuestran su capacidad de acuerdo. Fuentes del Ejecutivo señalaron que mientras muchos países de su entorno acaban el año con incertidumbre económica y política, España sí tiene estabilidad, logra aprobar reformas y cuenta con un reconocimiento internacional a su buen hacer en economía.

Sánchez, en su comparecencia tras la última reunión del año del Consejo Europeo, resaltó esa capacidad de acuerdo llegando a considerar un éxito parlamentario que las Cortes respaldasen el grueso de su paquete fiscal, aunque no pudo mantener el impuesto a las energéticas. Su intención era prorrogarlo con el apoyo de ERC, Bildu, Podemos y BNG, pero fue rechazado al unir sus votos otros dos socios de investidura, PNV y Junts, a los del PP y Vox.

Debido a ello, el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto ley –junto a otro que aumentará el gravamen al diésel– para extender el impuesto a las energéticas, aunque Moncloa asume que es improbable que prospere al no tener apoyos suficientes en el Congreso.

Podemos, que reclama también ese impuesto, logró esta pasada semana otro compromiso del Ejecutivo, aprobar hoy un real decreto para prorrogar durante un año medidas del escudo social como la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables y extender seis meses más las actuales ayudas al transporte. A cambio, los morados apoyaron la ley de eficiencia de la Justicia. Todo ello ratifica la complejidad que el Gobierno tendrá en la negociación de los Presupuestos Generales para 2025 con sus socios, entre ellos Junts, formación que ha presentado una proposición no de ley para que Sánchez plantee una cuestión de confianza.

La Mesa del Congreso aplazó el martes su decisión de si acepta o no esa iniciativa, mientras el líder de Junts, Carles Puigdemont, advertía de que si se impedía su tramitación, la legislatura colapsaría. Este domingo, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, aseguró que “el crédito de la confianza” hacia Sánchez “está en números rojos” y que no se dan “ninguna de las condiciones” necesarias para negociar los presupuestos.

En medio de todo ello se han sucedido una serie de citas judiciales en los últimos días como las declaraciones por el caso Koldo de Koldo García y del empresario Víctor de Aldama. Mientras, el Tribunal Supremo ha pedido al Congreso el suplicatorio del exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ante los indicios de haber cometido los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en ese caso.

El miércoles declaró la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga y negó cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Ante el mismo juez, Juan Carlos Peinado, declaró dos días más tarde por este mismo caso Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que explicó que fue contratada para asistir a Gómez para gestionar su agenda pública. .

En la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de hacerse la víctima con los jueces por causas como la de su mujer y le reprochó la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de datos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.