Madrid – El empresario Alberto González Amador, que confesó haber cometido dos delitos fiscales, emprende una ofensiva judicial contra dirigentes de la izquierda que se han referido en manifestaciones públicas a sus problemas con la Justicia. 415.000 euros es la cantidad que el comisionista, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reclamará en los juzgados a una decena de miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE y Más Madrid, a los que acusa de “difamarle” tras pronunciarse públicamente sobre el doble fraude fiscal que él mismo ha reconocido.

Entre tanto, la jueza Inmaculada Iglesias ha aplazado de nuevo la declaración prevista el próximo 29 de noviembre en la causa que investiga el presunto fraude fiscal hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva un recurso interpuesto por su abogado contra la apertura de una pieza separada por la supuesta comisión de otros posibles delitos. El aplazamiento se produce a petición de la defensa de la pareja de Ayuso al solicitaren un escrito la suspensión hasta que la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre “el acomodo o no a derecho” del auto recurrido. “La pieza principal y la pieza separada comparten un hecho nuclear con efectos no solo en la liquidación tributaria sobre la que se pretende tomar declaración, sino lo que sea el objeto de la pieza separada”, alega la defensa de González Amador.

La citación se enmarcaba en el procedimiento donde se le investiga por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid. Las comparecencias estaban previstas el pasado 24 de junio, pero fueron aplazadas a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos.