El Parlamento de Navarra dio luz verde ayer a la reforma de la Lorafna, la ley que regula el autogobierno, para blindar el traspaso de la competencia de Tráfico a Navarra. El cambio del Amejoramiento, el tercero desde su aprobación en 1982, salió adelante con el apoyo del 90% de la Cámara (45 de 50 escaños) pero con la oposición frontal del PP, que amenaza con hacer de la reforma una bandera electoral en Madrid.
El trámite tenía el apoyo de la mayoría de Gobierno. PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu votaron a favor y destacaron la importancia de reconocer que la de tráfico es una competencia histórica de Navarra. También dio su apoyo UPN, aunque en su caso con duras críticas al Gobierno de Chivite por lo que considera el paso previo a la salida de la Guardia Civil de las carreteras navarras. Una posición “incoherente” a juicio del PSN, pero que Javier Esparza justificó en que es compatible asumir la competencia y luego compartir el control de las carreteras.
Quien no tuvo reparo en desmarcarse fue el PP, que por primera vez ha votado en contra de la Lorafna. Los populares han hecho bandera no solo señalando al Gobierno, también a UPN, a quien señalan como “cómplice del sanchismo”. “La expulsión de la Guardia Civil de Tráfico es una venganza de EH Bildu que puede llevar a cabo con sus votos”, denunció su portavoz, Javier García.
Todo apunta a que los populares aprovecharán el traspaso de Tráfico para hacer campaña en Madrid con el argumento de que Sánchez “expulsa a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra”. La reforma tiene que pasar ahora por las Cortes Generales y el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. “No vamos a ser cómplices de esto”, advirtió su portavoz. También Vox votó en contra tras una breve intervención que acabó al grito de “viva la Guardia Civil”.
Una competencia histórica
La reforma de la Lorafna es la vía elegida para solventar los reparos que había puesto el Tribunal Supremo, que el pasado febrero dejó sin efecto el real decreto por el que se había llevado a cabo la transferencia a Navarra de Tráfico y Seguridad Vial. Un trámite más complejo que la aprobación de una ley orgánica, la otra alternativa posible, pero que no solo da mayores garantías jurídicas, también supone un reconocimiento expreso de un derecho histórico que se había cuestionado por los sectores más centralistas del Estado.
El Supremo ponía en duda en su sentencia que Navarra tuviera más competencias históricas que las que expresamente se citan en la Ley del Amejoramiento. Una interpretación que corrige la jurisprudencia anterior del propio Tribunal, y que ha llevado al Gobierno foral a detallar claramente que la de Tráfico es una competencia propia e histórica.
El acuerdo alcanzado con el Gobierno central clarifica ahora la redacción, dejando claro que a Navarra le corresponde también “la vigilancia y el control de las carreteras”. Y que esta labor será además “ejercida por la Policía foral”. “Supone el blindaje de la competencia de tráfico como un derecho histórico”, defendió ayer la presidenta, María Chivite, que calificó de “voto de castigo” el rechazo del PP.
Reforma
La reforma en todo caso se queda ahí, en el ámbito de tráfico, al menos por ahora. Queda pendiente una revisión más amplia del texto estatutario que actualice su redacción más de 40 años después de su entrada en vigor. Un debate que se desarrolla en una nueva ponencia específica creada en el Parlamento, y cuyos trabajos acaban de comenzar. Está previsto que se prolonguen durante los próximos dos años, en los que la ponencia contará con la participación de un centenar de expertos en la materia. En todo caso, no hay ahora mismo una mayoría parlamentaria que apueste por cambios profundos en el Amejoramiento.
