El abogado de Puigdemont defiende que la ley de amnistía "es buena para todos"

Es más, el letrado ha considerado que será el tribunal europeo el que primero se pronuncie sobre la norma, actualmente en tramitación en la cámara alta tras el visto bueno del Congreso, porque "primero hay que ver si es acorde al derecho de la Unión", y se ha mostrado convencido de que cumple con los "requisitos" establecidos por la Comisión de Venecia y también la jurisprudencia del TJUE.

Lo ha hecho durante su comparecencia este jueves a petición de Junts en la comisión conjunta Constitucional-Justicia del Senado, encargada de redactar la ponencia sobre la proposición de ley de amnistía, en la que ha defendido la "racionalidad, proporcionalidad y adecuación" de la norma.

"Creo y en la ley y creo en el Estado de Derecho", ha defendido el abogado, convencido de que si la norma se aplica correctamente, "no es el president Puigdemont el que tiene que estar confiado", sino todos aquellos que entran dentro de la ley, que son varios cientos de personas", pero, sobre todo, ha puntualizado, "todos los ciudadanos".

"La ley es buena para todos", ha garantizado una de las caras más visibles de la defensa de líderes de Junts, quien ha apuntado que, una "solución individual" hubiese sido, por contra, un indulto, para el que, no obstante, es necesario una condena previa.

Gonzalo Boye, que considera que las críticas a la norma surgen desde posiciones políticas y no técnicas, ha abundado en la "esencial diferencia" entre la amnistía y el indulto trazada por el TJUE: la primera despoja el "carácter delictivo" de los hechos a los que se aplica, mientras que el segundo perdona la comisión de un delito.

Los indultos, ha añadido, "tanto generales como individuales, son medidas de gracia, mientras que las amnistías son medidas legislativas". Si no, ha dicho, "no estaríamos aquí".

Porque, según ha explicado quien también defendiese al expresident Quim Torra o a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, la amnistía es una prerrogativa legislativa que se promulga por una cámara legislativa, mientras que los indultos se "conceden" por los Consejos de Ministros o Gobiernos.

Aunque convencido de que la norma superará el "canon de constitucionalidad", ha precisado que quien tiene que determinar si es acorde a la Carta Magna es el Tribunal Constitucional y lo demás, ha opinado, son consideraciones políticas.

Boye, a quien el PP ha identificado como el autor "al menos material" de la norma, es el décimo compareciente de los quince convocados por esta comisión, que el 6 de mayo elevará su ponencia al pleno, para que decida sobre los vetos presentados por el PP y Vox, antes de que el Senado devuelva el texto al Congreso.