El Gobierno de España se compromete a subsanar el rechazo del Tribunal Supremo al traspaso de la gestión exclusiva de Tráfico y Seguridad Vial a Navarra. Una transferencia ahora mismo en el aire después de que el Alto Tribunal haya anulado el Real Decreto que había dado forma jurídica al traspaso. Las nuevas competencias han quedado en un limbo, jurídico a la espera de que les de cobertura legal, ya sea mediante una reforma del Amejoramiento o mediante la aprobación de una ley orgánica de delegación de competencias. Una vía recogida en el artículo 150.2 de la Constitución y que ya se empleó para el traspaso de gestión de tráfico a Cataluña.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió ayer el acuerdo alcanzado con el Gobierno foral, en vigor desde el pasado 1 de julio. Y ante las críticas del PP recordó que el proceso “se remonta al año 2000”, con José María Aznar como presidente y Miguel Sanz al frente del Ejecutivo foral. Señaló además que algunos presidentes autonómicos como Alberto Núñez Feijóo las reclamaron también para Galicia. Por lo que restó importancia a la polémica.
La portavoz también desmintió “algunas acusaciones” sobre la supuesta expulsión de la Guardia Civil de Navarra, que no es tal. Y subrayó que desde el año 2018 se ha incrementado la plantilla en casi un 7 % en la Comunidad Foral, 96 efectivos más frente a los 330 que “desaparecieron” con los gobiernos del PP
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra argumentó que el reproche del Supremo es por una cuestión de fondo y no de forma, por lo que no supone un rechazo a la transferencia. Ahora, dijo, analizarán la situación creada para hacer efectiva la medida acorde con el criterio del Tribunal.
En similar situación se encuentra el Gobierno de Navarra, que comparte el análisis con el Gobierno central y evita definir cuál será la solución jurídica. Internamente se asume que el proceso, que ya estaba en marcha, se va a ver ralentizado al menos varios meses. De hecho, hay varias competencias ya recogidas junto al traspaso de Tráfico y Seguridad Vial que se estaban ejerciendo y cuya continuidad queda pendiente de un análisis jurídico más detallado. El Gobierno ser reúne hoy en su sesión ordinaria de los miércoles y podría avanzar alguna decisión concreta.
El debate jurídico
En todo caso, hay dudas internas sobre cuál es la vía más adecuada, si la reforma de la Lorafna o una nueva ley orgánica. Descartado un recurso al Tribunal Constitucional –el Gobierno de Navarra interpreta que no cabe– las dos opciones están sobre la mesa, con sus pros y sus contras.
Sobre el papel, el camino más sencillo es la ley orgánica. Un proceso que se puede llevar a cabo en unos meses y que daría cobertura jurídica. Pero supone dejar la iniciativa en manos del Gobierno central (o del Congreso) y abrir paso a un trámite ordinario en las Cortes Generales.
La reforma del Amejoramiento requiere por su parte un acuerdo previo entre los gobiernos navarro y central, y una ratificación posterior del Parlamento foral y de las Cortes Generales. Aunque en este caso por lectura única y sin margen para modificaciones.
El trámite sería más corto en Madrid, pero obligaría a acelerar la ponencia sobre la reforma del Amejormiento abierta en el Parlamento foral relegando otro tipo de cambios en la Lorafna. El proceso en todo caso sería previsiblemente más largo que el de una ley orgánica, aunque le daría mayor legitimidad institucional. Es un debate abierto ya en el seno del Gobierno y entre los partidos del arco parlamentario, y que se deberá resolver en los próximos días para no dilatar en exceso el escenario de incertidumbre jurídica abierto con la sentencia del Supremo.
